El 13 de septiembre se cumplieron 6 meses de que fuera detectado el primer caso covid-19 en Guatemala. Actualmente, se registran más de 85.681 casos y 3,124 fallecidos, aunque todos sabemos que las cifras reales son mucho más altas. La falta de interés del Estado por la aplicación masiva de pruebas y la búsqueda activa de casos y posibles contagiados, para su aislamiento, es una de las fallas más importantes que marca el desenvolvimiento de la epidemia en el país y explica, en parte, ese subregistro; así también, las disposiciones arbitrarias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) respecto a qué acepta como “fallecimiento por covid-19”, para que esta muerte sea registrada en la plataforma oficial, lo que resulta en una diferencia sustantiva entre los datos oficiales y el registro nacional de defunciones que lleva el RENAP. A sabiendas de eso, no sorprende que la estadística epidemiológica de covid-19 para Guatemala no fuera incluida en la publicación hecha por la prestigiosa revista académica The Lancet ahora que la Comisión de Alto Nivel, que estableciera para evaluar lo acontecido con la pandemia a nivel global, rindiera informe con ocasión de la 75.ava reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estos elementos, sumados al abierto plegamiento de las autoridades del MSPAS y de la Coprecovid a subordinar la salud y el bienestar de los ciudadanos a favor de una liberación precipitada de la movilidad (el índice promedio de positividad nunca ha bajado del 20% en el período, cuando debajo de 5% es lo que se considera seguro) con fines de reactivación económica, han sumido a ambas instancias en una profunda crisis de confianza y legitimidad. Al gobierno en su conjunto, en realidad, por su denodado esmero por minimizar la situación epidémica del país, confundiendo al ciudadano con sus discursos contradictorios, mientras a la par impulsa la apertura y alienta a los consumidores; mientras presenta un semáforo con débil sustento empírico y con medidas idénticas para casi todos los colores; mientras complace algunos sectores, como los gimnasios, pero le niega el derecho a la gente a acudir a un parque público; mientras no le permite a las autoridades locales que tome sus propias medidas de contención si éstas afectan a las grandes empresas, pero si les dice que son responsables de manejar la epidemia; mientras regaña a la gente por no acatar las instrucciones del gobierno, cuando ni ellos mismos las acatan. Valga la declarada enfermedad del presidente y de gente muy cercana a su séquito, para saber que ni ellos mismos cumplen con las medidas que establecen para los demás.

Ahora estamos en etapa de traslape entre oleadas epidémicas, pues en Guatemala no habrá primera ola, pausa y segunda ola, como en Europa, sino un continuum, pues la positividad promedio se ha mantenido arriba del 20%, la pregunta obligada es ¿Continuarán sacrificando a la gente y al personal de salud, haciendo más de lo mismo: ¿jinetear los datos, mientras surfean la ola? ¿O estarán finalmente listos para desplegar una estrategia epidemiológica apropiada? Cierto que en estos meses lograron comprar más pruebas —buen negocio para el proveedor seleccionado para compras directas—, y habilitar más laboratorios, pero la capacidad diagnóstica no necesariamente se ha ampliado y mejorado. Además, siguen usando pruebas que dan más del 30% de falsos negativos, sin evidencia de PCR subsecuente; y el nivel de testeo ni siquiera ha llegado al nivel mínimo indicado por la propia Coprecovid. Peor aún, del rastreo, solo se sabe que “están contratando gente”. Así de opaco ha sido el manejo de la epidemia estos seis meses.