No me cabe duda de que algunos de los enredos más inverosímiles que suceden en la vida civil de los guatemaltecos de esta era se dan en el entorno de la migración hacia el norte. Ese éxodo, masivo, ignorado, negado y desatendido; complejo, extendido en el tiempo y proveniente de este contrastante y multiétnico país, provoca tan complicados problemas jurídicos en la vida de las personas que una respuesta integral y de la misma magnitud por parte del Estado se hacía indispensable. Gracias a innumerables denuncias, ya existe conciencia sobre lo negligente que es nuestro país para proveer soluciones en el exterior. Pero estos llamados repetidamente se quedan en una superficie insuficiente.
Las demandas son legítimas, y van por exigir más consulados, que se rompa el sistema corrupto de citas, que haya servicios como el DPI en el exterior y otros así. Pero creo que se parte de una falacia al asumir que la población en el exterior solo requiere “tramitar” sus documentos, cuando para ese paso muchos aún requieren de extenuantes —y en algunos casos aún inexistentes— procesos jurídicos para lograr las soluciones jurídicas para hacer sus vidas.

Le falta profundidad y contexto a quien crea que la necesidad actual se limita a una población que vive lejos de su lugar de origen. Ese será el caso de otros, imagino, como los argentinos, colombianos o incluso otros centroamericanos. Pero en el caso de este país, es indispensable tomar en cuenta factores determinantes que nos hacen particulares. Sí, pueda que una parte importante de la población emigrada sea ladina, citadina y haya tenido su documentación en orden cuando se marchó del país. Para la mayoría de ellos el martirio de sus papeles habrá iniciado cuando llegaron al exterior. Pero hay otra población —calculo, los más— que comúnmente no se toma en cuenta para estas conversaciones.

En la experiencia que tuve como abogado de atender poblaciones de expatriados, mayoritariamente indígenas, recurrieron problemas indescifrables. Caso repetido, el de aldeanos de municipios profundos (ruralidades penetrantes como San Miguel Acatán) con la menor inversión en educación del istmo, que hablan otro idioma, cuya infraestructura raquítica dejó los registros a merced del deterioro y que, encima, fueron azotados por la vileza de la guerra. Desplazados forzados que huyeron con lo que tenían en la mano y que luego reinventaron su identidad en territorios ajenos al propio. Nada de esto se tomó en cuenta cuando se creó el Renap, que quitó vigencia a las antiguas identidades municipales.

Estos días ha circulado en internet una serie de vergonzosos videos protagonizados por un diputado oficialista, acusado por la opinión pública de ser parte de las mafias asociadas a redes corruptas del Gobierno y que se aprovechan de la ineficiencia para montar operaciones —cobijadas por el ministerio exterior— para vender rentables servicios a los emigrados. Ese tipo de operaciones que gozan del privilegio corrupto causan tanto rechazo que terminan confundiéndose con los nobles servicios que, en muchas ocasiones, auxilian a quien requiere apoyo profesional para salir de sus enredos. Es importante que el país reconozca la diferencia y promueva el trabajo de profesionales hacia los emigrados, y que no ponga manchas que ahuyentarán solo a quienes honradamente quieran dedicarse a esta leal labor. Lo nauseabundo es la connivencia con las redes de corrupción del Gobierno. El atrancamiento del sistema para que no funcione y el engaño existente. La función jurídica, en cambio, es noble. Corresponde a los comprometidos defenderla, y sumarse a resolver esos enredos inverosímiles del actual contexto.