A mediados de junio del 2020, el país se encontraba en plena escalada epidémica por el covid-19; un ascenso vertiginoso de casos, que costó 3,527 fallecimientos en el lapso de solo dos meses, junio y julio, según registros del Renap. Fue el resultado de la relajación abrupta y sobre todo errática de las medidas iniciales de contención, la carencia de una estrategia de testeo masivo y, en general, de un evidente déficit de manejo epidemiológico para contener la transmisión del virus, que terminó provocando una sobresaturación del precario sistema hospitalario público del país, y también de los hospitales privados. En junio 2021 nos encontramos prácticamente en la misma situación: el Ministerio de Salud no se preparó —una vez más— para hacerle frente a la situación, aun sabiendo que, mientras no se alcancen niveles mínimos de inmunidad poblacional con la vacunación, la pandemia seguirá activa.

¿Cómo es posible que habiendo vivido lo que pasó el año pasado en esta época, no se prepararan? Si desde octubre del 2020 eliminaron prácticamente todas las medidas de restricción; cada vez que pueden, alientan a la gente a salir de sus casas a consumir; dan ejemplo de no uso de mascarilla, entre muchas otras cosas. Además, habían declarado ya dos alzas epidémicas más después de la de junio 2020, ¿por qué, entonces, teniendo presupuesto, no habían comprado los insumos y medicamentos suficientes para la red hospitalaria? Si no fuera por las múltiples donaciones recibidas, tanto de empresas privadas como de la comunidad internacional, la situación estaría todavía peor. Si algo no pueden argumentar, es falta de recursos o de apoyo. El gobierno nos ha endeudado, sin que por algún lado se vean las trazas del dinero, ni una política de asistencia económica decente para personas y pequeñas empresas que palíe los efectos económicos provocados por el mal manejo de la epidemia.

Si bien no alcanzamos todavía el nivel de escalada que hubo hace un año, se observa una preocupante tendencia sostenida al alza en el número de casos, en un escenario mucho más complejo. Ya circulan en el mundo mutaciones del virus que son mucho más agresivas para infectar, y que no solo podrían llegar a Guatemala (si es que aún no están, todavía no lo sabemos), sino encontrar en esta población no vacunada, un contexto atractivo para su multiplicación, expansión y, por qué no, para suscitar nuevas mutaciones que le den un giro mucho más agresivo a la epidemia local. Además, estamos ya rodeados de países que están logrando un avance mucho más expedito de su vacunación: México, Belice, El Salvador y hasta Honduras; eso nos volverá, crecientemente, un territorio isla/oasis para el virus.

Hasta ahora, Guatemala parece que se ha beneficiado de que casi la mitad de su población todavía es rural, dispersa y vive en relativo aislamiento; así, los casos registrados (de los no registrados no hay ni idea, sin estudios) se concentren en las áreas urbanas más grandes e interconectadas del país y en cascos urbanos municipales. A pesar de ello, la epidemia avanza, sin que haya una respuesta de vacunación efectivamente implementada, ni siquiera en las áreas urbanas. La estructura demográfica parece haber ayudado a reducir el impacto de la mortalidad por el virus; más este factor no tiene el mismo efecto en la ocupación hospitalaria, ni en la capacidad resolutiva de los servicios de salud plagados por el desabastecimiento de medicamentos, impagos al personal e inundaciones de su precaria infraestructura.

Así, quedamos atrapados en un ciclo perverso de desidia e irresponsabilidad en el actuar público, que no tiene parangón en la historia de la salud pública del país.