Las contrataciones públicas, cuando se realizan bien, son instrumentos estratégicos para la implementación de políticas públicas y la provisión de servicios, que tienen impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de la población. Lamentablemente en Guatemala ese no es el caso. A pesar de más de 10 reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, las adquisiciones públicas siguen siendo fuente de constantes denuncias de corrupción, opacidad, ineficiencia e inefectividad. La experiencia demuestra que todas estas reformas son producto de soluciones casuísticas orientadas a resolver problemas específicos. Sin embargo, los principales desafíos que afronta el país en esta materia provienen de diversos ámbitos de la gestión pública, que van mucho más allá de la ley. La ausencia de planificación estratégica que vincule las compras públicas con resultados de desarrollo. Limitadas capacidades institucionales en las materias técnicas y estratégicas que requiere la gestión de las compras, que afecta de forma negativa el diseño de las especificaciones técnicas que detallan los criterios de calidad de los bienes y servicios que se desea adquirir. Un marco legal desactualizado respecto de los estándares y buenas prácticas internacionales. Un sistema electrónico de contratación que solo sirve para divulgar información parcial sobre los procesos de compra, y que funciona más como un repositorio de documentos PDF. Finalmente, sistemas de monitoreo y evaluación del gasto que son poco efectivos para mejorar la calidad y la integridad de los procesos de compras y de la gestión pública en general. En conclusión, se puede afirmar que en el sector público hay poca capacidad para realizar compras que procuren el mejor valor por dinero; es decir, “conseguir más y mejores insumos, pagando lo mismo”.

Es momento de reconocer que, para superar los desafíos, se debe adoptar una perspectiva sistémica, la del Sistema de Adquisiciones Públicas, en el que interactúan un complejo entramado de regulaciones, actores, prácticas, costumbres y estructuras de mercado. Las reformas necesarias van mas allá de meros cambios específicos a una ley y los componentes del proceso de compras. Se debe mejorar la calidad de la planificación estratégica para alinear compras con resultados de desarrollo. Fortalecer las capacidades institucionales y de gestión de las entidades contratantes que les permita diseñar las estrategias óptimas de contratación y asegurar la provisión oportuna de bienes y servicios de calidad. Profesionalizar la función compradora. Alinear la normativa de compras con otros cuerpos legales del sistema financiero para garantizar el pago oportuno. Especializar la función contralora en el sistema de compras. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que aseguren la integridad de los procesos. Además, es necesario modernizar el marco legal de las compras públicas para que incorpore los estándares internacionales más relevantes en materia de: (i) uso de modalidades competitivas que se apliquen según la naturaleza y el objeto de lo que se quiere comprar; (ii) reducir al mínimo las modalidades no competitivas; (iii) priorizar la aplicación de criterios de valor por dinero en la evaluación y selección de ofertas; (iv) asegurar el principio de competencia como uno de los criterios más importantes en el desarrollo de los procesos de contrataciones; (v) establecer jerarquías claras en el uso de las modalidades; (vi) desarrollar el sistema Guatecompras para que procure la eficiencia y la transaccionalidad del proceso; (vii) y ampliar el alcance y la efectividad de los mecanismos de apelación para asegurar la integridad en los procesos de compras.

Superar los desafíos requiere abordar reformas a otros cuerpos legales y múltiples espacios de acción operativa, con visión de sistema, en el que las compras se alinean con los demás sistemas de la gestión pública y se adoptan las mejoras prácticas existentes en materia de efectividad, eficiencia, valor por el dinero, transparencia y rendición de cuentas, así como la consecución de los resultados de desarrollo que se esperan alcanzar con las compras públicas.

Consultora del CIEN