Con otra mirada

Alianzas Público Privadas a la tórtrix*

José María Magaña Juárez jmmaganajuarez@gmail.com

De la publicación en Google de Public-Private-Partnership Legal Resource Center (PPPLRC), extraigo que no existe una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada (APP). En líneas generales se refiere a acuerdos entre el sector público y el sector privado en los que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio o de la infraestructura públicos.
El número de países que incluyen una definición de APP en sus leyes va en aumento y cada uno lo hace de manera que se adecue a sus instituciones y particularidades de su legislación. Para que esta modalidad funcione, debe entenderse que es competencia de las políticas públicas proyectar y suministrar servicios para el bienestar de los ciudadanos; al tiempo que a los empresarios importan las utilidades. En otras palabras, las APP son la herramienta que facilita la privatización de los servicios públicos, sacrificando el bien común para favorecer la rentabilidad empresarial.

A pesar de eso, hay ejemplos exitosos. Puerto Madero, en Buenos Aires (1989-2001). Su realización requirió del Estado la inversión de cerca de mil millones de dólares. Contempló la restauración de la infraestructura histórica, abrir nuevas calles, construir el puente peatonal, Puente Mujeres; se crearon parques, plazas y colocaron monumentos conmemorativos. Planificación y desarrollo del proyecto Madrid-Río (2006-11), que creó el Eje Medio Ambiental del río Manzanares. Se trata de un parque longitudinal de 1.170,000 m2 que va del Monte de El Prado hasta el límite con Getafe, desarrollando y urbanizando el espacio público existente en las riberas del río.
En Guatemala, en cambio, las cosas no son así, particularmente a partir de nuestra joven vida en democracia, iniciada en 1985, cuando individuos inescrupulosos instauraron el mal uso del poder político como fuente de enriquecimiento ilícito, tanto para quien accede al poder como para su partido político y sus financistas.

Para eso fue necesario hacer parecer ineficiente al Estado, desmantelando las instituciones públicas, al tiempo de glorificar al empresariado como el único capaz de hacer las cosas bien, desde la tarea más simple a la más compleja. Así, en 2010 el Estado oficializó su incapacidad y delegó la obra pública en empresas privadas mediante la creación de la Agencia Nacional de Alianzas Público-Privadas (Anadie) como una institución estatal descentralizada.

Los proyectos emprendidos hasta ahora, desde luego, no responden a necesidades planteadas ni planificadas desde la Autoridad para beneficio colectivo, sino que están destinados a satisfacer intereses particulares. La mayoría afortunadamente limitados a estudios de factibilidad y anteproyecto o el simple enunciado de ideas absurdas.

Destacan el Centro Administrativo del Estado (CAE), en los patios de Fegua, que atenta contra la Ley para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación. Los túneles de entrada y salida a La Antigua Guatemala, ¡a 70 metros de profundidad!, para evitar tocar vestigios precolombinos. Centro de convenciones y hotel en el Parque de La Industria. Planes de Ordenamiento Territorial para La Antigua Guatemala y municipios aledaños, con un costo de US$3.5 millones, entregados a la municipalidad e ignorados por esta; es decir, desperdicio de dinero. Y más recientemente, el intento de conceder al Cacif la carretera al Pacífico para su mantenimiento, en condiciones leoninas, que 50 diputados del Congreso, peleándoles el negocio, se los echaron a perder.

*a la tórtrix: expresión peyorativa que toma el nombre de un sabroso producto guatemalteco hecho de maíz frito.