El recién juramentado presidente Biden firmó una pila de expedientes, estableciendo un nuevo tono. Entre ellos, dando un giro total a la política migratoria que, tan de cerca y en tantas formas, nos concierne. Primero, por el interés de nuestros paisanos que viven en situación irregular y de los millones que, aquí, dependen de una remesa. Esta es su oportunidad de oro. Pero segundo, en el contexto del futuro de este éxodo centroamericano que ha crecido sin control, y que nos pone la etiqueta de que somos amenaza para la seguridad regional, con las consecuencias que eso implica. Las condiciones de un norte centroamericano que sufre una implosión política, económica y social, se han conjugado con un sistema migratorio estadounidense que está roto. El resultado ha sido persistente: Año con año, más personas echan camino al norte, sin importar quién haya estado en la Casa Blanca. Para dejar claro esto último, es de observar que el año fiscal cuando mayor migración irregular se estima que hubo desde nuestro país fue 2018-2019, tres años adentro del periodo infructuoso de Donald Trump.

La propuesta migratoria de Biden la entiendo dividida en tres grandes categorías: Primero, lo que él mismo pudo revertir con acciones ejecutivas. Nos conciernen, en particular: a) Daca, para los llamados “soñadores”. Un alivio inmediato para 17 mil jóvenes guatemaltecos que son parte del programa. b) La reorientación de los esfuerzos de ICE, dando prioridad a quienes suponen un peligro para la sociedad, y dejando en paz a los millones que no son amenaza. c) Pone un alto a los trabajos de ampliación del muro fronterizo. Y d) Aunque no es política migratoria per se, también interesa la inclusión de los indocumentados en su censo nacional, haciendo visibles sus intereses y dándoles representación y voz en el Congreso. Las acciones migratorias que nos incumben directamente, se suman a otras que firmó sobre otros asuntos. Entre ellas, el giro en las decisiones sobre la pandemia, y las relativas al medio ambiente. Resalta, para el alivio de la comunidad global, el regreso de su país al Acuerdo de París.

Una segunda categoría es —sin duda— el legado más trascendental que puede aspirar a tener en su localidad: Terminar por fin con un sistema que todos coinciden en llamar “roto”, obsoleto y disfuncional. Un sistema de caminos cerrados y callejones sin salida, que alimenta la gran hipocresía: la condena social del indocumentado mientras el mercado se aprovecha de su esfuerzo. Una doblez moral que produce un cáncer en las bases sobre las cuales se formó esa nación de extranjeros. Este último cambio propone que toda persona que viva en EE. UU. indocumentada desde 2020 o antes, pueda tener un camino sólido hacia la regularización. Para esto, es necesario pasar por su largo y atrampado proceso legislativo. Una tercera categoría es trascendental para la localidad de los países centroamericanos, pues buscará trabajar en las causas de expulsión. Algo que pondrá en alerta a corruptos y corruptores en las repúblicas bananeras.

Para las primeras dos categorías, que no debieran causar controversia local, en todo caso, nuestro papel será estar listos para una eventual regularización. Una gran campaña para que nuestra población migrante, en tantos casos indocumentada de su propio país, ponga sus papeles al día. Un reto en esta actualidad, en la que los consulados están a medio vapor por la pandemia. Y también, importante, desarrollar información honesta para evitar mensajes errados en las comunidades que escapan. Lo menos que merecen es información certera sobre los cambios. Esto, aún más, sabiendo que a la oposición de Biden, que le etiqueta como un presidente de fronteras abiertas, le conviene un aumento incontenible del río humano desde Centroamérica.