Cuando hablo de migraciones, siempre pongo una carta sobre la mesa: la de los derechos humanos. Migrar no solo es un derecho humano inalienable y universal, sino que a toda persona en situación de migración deben garantizársele sus derechos en todo momento del proceso.

Migrar pide entornos seguros, pero la seguridad no la hemos entendido igual en todas partes. Seguridad es que las instancias estatales funcionen, a partir de una agenda estratégica, para proteger a la ciudadanía de cada país y generar oportunidades dignas para su bienestar y desarrollo. Seguridad no es que los Estados policiales y militares se extiendan a las fronteras para impedir el paso de las personas migrantes que integran las caravanas. Seguridad es cuidar a los extranjeros que están de paso, como se cuida a la gente del propio país, pero esto no sucede en Guatemala, por lo tanto no podemos ser un país seguro para nadie. Tener países violentos, miserables, corruptos, hambreados y entregados al narco, como los nuestros, y esperar que la gente no emigre es vivir en Disneylandia.

Las últimas caravanas que salieron de Honduras fueron reprimidas violentamente en Guatemala. Ante eso debe responder el gobierno de Giammattei. Y ante la reciente masacre ocurrida el 22 de enero en Tamaulipas, donde se localizó a 19 personas migrantes calcinadas en dos camionetas, varias de origen guatemalteco, debe responder el gobierno de López Obrador. “La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas, ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guemez de 2014”, dice un comunicado mexicano publicado por Imumi y la Fundación para la Justicia, al cual varias instancias de aquel país y del resto de Centroamérica nos sumamos.

Y continúa: “El gobierno de México ha insistido, en todas sus comunicaciones, en una migración ordenada, segura y regular; es claro que la política implementada no garantiza nada de eso. Este hecho ha demostrado que la migración no es ni segura ni ordenada, pero sí tenemos la oportunidad de hacerla regular. La legislación mexicana en materia migratoria y de protección internacional permite otorgar a las personas estancia por razones humanitarias y solicitar asilo; sin embargo, bajo el discurso de una migración ordenada, segura y regular esto no ha sido efectivo y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante. Militarizar las fronteras no solo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas. Como sociedad civil, hemos insistido en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración”.

Tenemos, ante estos nuevos hechos lamentables, la oportunidad de hacer mejor las cosas. Los Estados anteponen las agendas políticas a la vida de las personas migrantes y no están protegiéndolas, sino reprimiéndolas, porque siguen respondiendo a una agenda de contención pactada con el norte. Si primero no solucionamos, como región, los problemas de fondo que hay en nuestros países, como la corrupción, las violencias, la impunidad y las miserables condiciones de vida, seguiremos viendo migrantes gastar los zapatos en nuestros caminos. Por eso, queremos Estados de bienestar que se levanten a partir de una agenda mexicano-centroamericana que considere estratégicamente el fenómeno migratorio.