El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está bajo fuego cruzado. La alharaca de la extrema derecha sobre un inexistente fraude en las votaciones pasadas no tiene más propósito que tratar de sacudirse a los magistrados electorales, crear un clima de desestabilización para aferrarse al poder y orillar a una nueva elección, en la que el partido oficial tenga todos los hilos en la mano. Después de haber logrado la salida de Iván Velásquez y la Cicig, esa entente criminal está dispuesta a todo con tal de imponer su voluntad. A ello contribuye la intromisión de la fiscal general, Consuelo Porras, cuyos fiscales secuestraron la base de datos de los sistemas informáticos en el momento menos oportuno porque se está efectuando la revisión de actas electorales. La acción del MP pareciera ser un golpe de efecto que favorece las especulaciones de quienes están interesados en exacerbar los ánimos contra el proceso electoral.

Es cierto, los magistrados del TSE han cometido múltiples errores. Son responsables de haber permitido la participación de varios tránsfugas y de candidatos nada honorables. No se puede ocultar que trataron de controlar las entrevistas de los medios con los aspirantes a cargos de elección o de que los miembros de las juntas receptoras de votos no tuvieran celular durante el conteo. También se han hecho de la vista gorda de las denuncias de compra de votos, principalmente del partido oficial. Pero una cosa es haber incurrido en errores y omisiones, y otra muy diferente es haber perpetrado un fraude electoral. Los observadores de la Organización de Estados Americanos, Mirador Electoral y otras instituciones que vigilaron el proceso in situ han sido claros en que no hubo fraude electoral. Hubo problemas de sumas incorrectas de votos en las actas, pero eso es error de miembros de las juntas receptoras de votos, de ciudadanos de a pie, no de los magistrados del TSE.

Sin embargo, la ultraderecha aprovechó tales errores de matemática en las actas electorales para gritar que hubo fraude. Aglutinados en torno al excandidato presidencial Estuardo Galdámez, los corifeos de esa derecha extrema, incluido el presidente Jimmy Morales, comenzaron a atacar al TSE.

Es evidente que al partido oficial no le salieron las cuentas con los pocos sufragios que obtuvo frente a la gran cantidad de cupones que distribuyeron con fondos públicos, así como el dinero que les dieron a los expatrulleros, todo para comprar votos. Lo lamentable es que hasta excandidatos como Emond Mulet contribuyen a esa desestabilización al hacerse eco de ese supuesto fraude. Este presidenciable que mantuvo una actitud moderada en las elecciones ahora pareciera servir a intereses oscuros. Ojalá y sea una actitud mal calculada y no caiga en el oportunismo de “en río revuelto, ganancia de pescadores”.

A tan deplorable situación han llegado que la excandidata a la vicepresidencia por el FCN, Betty Marroquín, apareció en un video en inglés pidiendo ayuda al presidente Donald Trump porque supuestamente les robaron las elecciones. Sí, ellos que alegaban intromisión extranjera con la Cicig, ahora piden la intervención de Trump con el objetivo de que les dé luz verde para desconocer las votaciones y hacer unas propias en las que ellos ganen. Ahora se entiende por qué la canciller Sandra Jovel se pone de alfombra al decir que los migrantes son bien atendidos en los centros de detención en EE. UU. y que el presidente Jimmy Morales ofrezca a Guatemala como tercer país seguro para retener a migrantes que viajan hacia la unión americana. El objeto es evidente: obtener el visto bueno de Trump para anular los comicios. Por ello, nos gusten o no los candidatos finalistas, debemos rechazar la desestabilización que pretende montar el pacto de criminales con el fin de satisfacer sus ansias de poder.