Estados Unidos
A contraluz
Bancarrota municipal
Sandra Torres y sus aliados aprobaron una reforma para dejar en la quiebra a las municipalidades.
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El Congreso aprobó la reforma a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), que incluye la eliminación del gravamen a los inmuebles destinos a vivienda. Un total de 107 diputados, henchidos de amor por el pueblo, votaron a favor, dijeron, para dar un alivio económico a las familias que pagan un tributo injusto por tener un techo.
La reforma favorece a los grandes empresarios de vivienda que no pagarán nada de IUSI.
Pero las alegrías que proporciona el Legislativo no siempre son positivas si entendemos cuál es el destino de la recaudación del IUSI. Indudablemente significará un impacto negativo para las municipalidades porque ya no tendrá fondos para obras de infraestructura en beneficio de sus habitantes. Los costos de ese alegrón de burro los pagarán las familias necesitadas que ahora supuestamente son las beneficiadas.
¿Quiénes están detrás de esa medida populista, con sabor a campaña preelectoral? Nada menos que Sandra Torres, la eterna candidata presidencial, en alianza con Felipe Alejos, de Todos, y Luis Aguirre, de Cabal. A ellos se agregaron Vamos, Creo, Bien, Valor y Visión con Valores. Ahora ya tendrán un “logro” para presumir en sus giras proselitistas por los departamentos.
Entiendo que criticar esta reforma no es nada popular porque los propietarios de viviendas están muy contentos. Sin embargo, es importante saber que detrás de ese dulcito que dieron los diputados hay algo terrible. Este gravamen está regulado por el decreto 15-98, Ley del IUSI, el cual dispone que de la recaudación, un mínimo del 70 por ciento se destina para inversión de infraestructura y servicios básicos municipales y un máximo de 30 por ciento va para gastos de administración y funcionamiento municipal.
Cuando la ley se refiere a obras de infraestructura se trata de pavimentación, bacheo, red vial local, puentes, pasos urbanos, remodelación de escuelas, puestos de salud, plazas comunitarias y guarderías municipales. Entre los servicios básicos están redes de agua potable, plantas de tratamiento, pozos, sistemas de alcantarillado, drenajes pluviales y alumbrado público, entre otros.
El año pasado, el IUSI generó Q1 mil 853.7 millones, de los cuales la comuna capitalina obtuvo Q792 millones; Mixco, Q290 millones; Villa Nueva, Q165 millones; y Santa Catarina Pinula, Q98 millones. Si quedara firme la reforma estas cantidades se desplomarán a partir del próximo año, igual que las obras municipales.
¿El IUSI solo lo impone Guatemala? No. La mayoría de los países lo tiene con nombres como impuesto predial, impuesto territorial o property tax. La razón de que existan es la cuota de mantenimiento urbano, con lo que se financian los servicios e infraestructura como los mencionados.
Además, lo que hizo el Congreso fue favorecer a los propietarios millonarios de inmuebles y edificios para vivienda que ahora pagarán 0 de impuestos, como si estuvieran en la lipidia.
Lo que Sandra Torres y sus aliados han hecho es eliminar los recursos para las obras dirigidas a dar una mejor calidad de vida a los habitantes de los municipios. Por supuesto, muchas personas dirán que los alcaldes no lo invierten, sino que se lo roban. Eso podría ser cierto y no está en discusión, pero es obvio que las comunas quedarán en bancarrota. Es muy probable que buscarán formas de agenciarse de recursos aumentado el precio a los servicios que prestan.
La única salida posible es que el presidente Bernardo Arévalo vete esta reforma para que regrese al Congreso. Por supuesto que debe reformarse esa ley, pero debería hacerse con criterios progresivos, con equidad y capacidad de pago, como eliminarlo para la vivienda popular, pero mantenerlo para los segmentos de alto valor o que posean múltiples propiedades.
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