El Pacto de Corruptos volvió a mostrar cómo puede retorcer las leyes y utilizar las instituciones públicas con el malsano propósito de vengarse de quienes han luchado contra la impunidad. Esta vez la banda de diputados mafiosos intenta la destitución de Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos que no ha respondido a sus intereses mezquinos. La encerrona contra este funcionario, el pasado martes, contó con el apoyo del Ministerio de Gobernación, que acordonó con agentes policiales los alrededores del Palacio Legislativo para evitar que se acercaran quienes apoyaban al magistrado de conciencia. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, solo permitió el ingreso a ese edificio a personas afines a sus retorcidos intereses políticos, pero negó el acceso a quienes consideró sus adversarios. Esos dos hechos demostraron cómo desde el Ejecutivo y el Legislativo se viola el derecho a la libre locomoción y el acceso a un recinto público al que tiene derecho todo ciudadano.

La inquina contra Rodas tiene una razón de ser: su anterior respaldo al comisionado Iván Velásquez y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que lo llevó a presentar amparos en la Corte de Constitucionalidad. También les molesta que este funcionario haya evitado que el presidente Jimmy Morales, otro de los actores del pacto de la impunidad, echara del país al embajador de Suecia, Anders Kompass, precisamente porque ese país fue uno de los principales donantes de la Cicig. La única forma que les quedó para mostrar su irritación contra esa nación europea fue anunciar el cierre de la embajada guatemalteca en Estocolmo, con argumentos pueriles. Por algo el gobernante llegó a ponerle apodo al procurador, con lo que no dañó a la imagen de este, sino que dejó por los suelos la investidura presidencial.

La embestida contra el procurador también busca la asfixia económica de esta institución y para ello el Organismo Judicial acuerpa la alianza de la impunidad. El 2 de octubre, la Corte Suprema de Justicia amparó a la Procuraduría para que recibiera Q30 millones que el Congreso le había recortado de su presupuesto y que por ley le corresponden. Sin embargo, la semana pasada extrañamente dio marcha atrás, con lo que se unió a las acciones que buscan paralizar las labores de esa institución por falta de fondos y poner de rodillas a Rodas. De esa manera quedan claros los vasos comunicantes entre los tres poderes del Estado que se unen para tratar de eliminar a una institución que ha jugado un rol de contrapeso. El problema no es solo el ataque contra un funcionario, sino que de por medio está la sobrevivencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo cual significa que la banda de diputados atenta contra la institucionalidad y el estado de Derecho.

El golpe final lo intenta dar esa mafia de diputados, algunos de ellos con solicitud de antejuicio por casos de corrupción, que no fueron reelectos y que han arrastrado por el fango la imagen del Congreso. Es el mismo grupo de diputados sin escrúpulos que creó la Comisión AntiCicig y que en abierto desafío a un fallo de la Corte de Constitucionalidad mantiene ese engendro con otro nombre, Comisión de la Verdad, pero que es exactamente lo mismo. Ese grupo ha terminado de hundir la poca credibilidad que tenía el Legislativo y lo ha sometido a los intereses de la bancada de tránsfugas del oficialista Frente de Convergencia Nacional y sus aliados. Siguiendo el ejemplo del presidente Morales, que fue a hacer un lamentable espectáculo en las Naciones Unidas, a estos diputados tampoco les importa destruir la imagen de un organismo que, como el Legislativo, debería ser el representativo de la voluntad popular y no una cueva de criminales.