Nunca como ahora el legado del prócer de la independencia estadounidense Alexander Hamilton tiene tanta relevancia y pertinencia para el ámbito de la justicia, como para Guatemala. Estadista, economista, abogado y autor de 51 de los 85 ensayos conocidos como The Federalist Papers, sirvieron para encauzar la constitución de los Estados Unidos bajo lineamentos republicanos, separación de poderes, pesos y contrapesos, y muy especialmente el papel que juega el sistema judicial bajo el manto constitucional.

En el ensayo número 78 escribió: “Ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido. El negar esto sería como afirmar que el oficial es mayor que el superior, el empleado al patrón; que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo; que los hombres, actuando en virtud de sus poderes, pueden hacer, no solo lo que esos poderes no le autorizan hacer, si no lo que prohíben. Y no es que esta conclusión presupone la superioridad del sistema judicial sobre el sistema legislativo. Solo enfatiza que el poder del pueblo es superior a ambos; y que en el caso que la voluntad del legislativo declarase en sus estatutos, la oposición a la voluntad del pueblo determinada en la constitución, los jueces deberán gobernarse por esta última. Y que deberán apegar sus decisiones a las leyes fundamentales, en vez de aquellas que no lo son”.
Al encajar este ensayo a las realidades políticas actuales se hace evidente que se han trastocado los cimientos mismos de nuestra Carta Magna. Es una aberración que sean los políticos los que elijan a jueces. O que los mismos jueces elijan a los suyos. O que las comisiones de postulación estén tan constreñidas por ese amasijo de contradicciones normativas que no dejan espacio para elegir a los candidatos más idóneos y con mayores competencias y experiencia.

No son pocos los que hemos propuesto que todos los cargos públicos, pero en especial los del sistema judicial, deben ser electos por oposición por medio de exámenes y evaluaciones objetivas, y que una vez seleccionados por ser los mejores, pasasen por un sistema de designación aleatoria, es decir por sorteo. Bajo este método, se acaban los incentivos perversos, las negociaciones espurias y el manoseo bajo la mesa. El pueblo gana, nadie le debe favores a nadie y se fortalece el sistema judicial, desvinculándolo de la política.
Además, un impacto positivo adicional, es que se desincentiva a los jueces activistas. Aquellos que señala Hamilton como los que abusan del poder conferido para hacer lo expresamente prohibido…

Y es que nuestra situación llora sangre. Guatemala posee uno de los índices más bajos de número de casos resueltos por juez en Latinoamérica. Y cuando son resueltos, es con un periodo promedio de tiempo muy largo. Es decir, no resuelven, y cuando resuelven, lo hacen tarde y por ende, también a un costo económico alto, dado que los efectos impactan el desarrollo en forma multidimensional.

Por último –y algo analizado como determinante por los expertos, es el tiempo de servicio de los jueces. Los países que tienen jueces vitalicios son los que demuestran los mejores índices de eficiencia. Guatemala está entre los peores: Corea del Norte, Cuba, Venezuela.

Un juez bien remunerado, con salarios competitivos de mercado y con un horizonte de servicio de largo plazo, atraerá a la crema y nata de los juristas. Y serán estos juristas vitalicios los más inmunes a los incentivos espurios y más proclives al desempeño honorable vinculado al prestigio.
La fórmula está clara. ¿Cuándo la pondremos en práctica?