Como se ha informado por los medios de prensa, hace unos días se llevó a cabo en la Antigua Guatemala el “Primer Foro de Inversión y Finanzas de la Revista Forbes en Español”. Creo que tanto para el país como también para los potenciales inversores ha sido una valiosa oportunidad de tratar de uno de los factores de desarrollo clave en una economía globalizada. Los comentarios sobre el alto nivel de los visitantes, de los expositores y panelistas son de suyo favorables y, ojalá, vaya a contribuir al incremento de la inversión extranjera directa (IED) en Guatemala.

Sin embargo, sin restar importancia ni relieve a este importante evento, los inversores en general (sean nacionales o extranjeros) buscan ciertos conjuntos de circunstancias, ciertos “paquetes”, por así decirlo, que sean suficientemente atractivos como para arriesgar sus capitales.

Claro está, hay factores de diversa importancia y también unos pueden mejorarse por decisiones de los órganos estatales y otros no. Así, por ejemplo, la existencia o la falta de ciertos recursos naturales en cualquier país determinado es un hecho que un gobierno no puede cambiar. En otros casos, el tamaño de la población puede ser un factor decisivo al igual que el clima y poco o nada pueden hacer los poderes públicos para incidir decisivamente en ello.

Pero hay otros factores clave que sí dependen directamente de los poderes públicos del Estado. Así, si uno mira al promedio de los últimos diez años y fracción de IED en Costa Rica y en Guatemala se encuentra con una diferencia notable. Para Costa Rica, el promedio es de 2,517 millones de dólares y para Guatemala de 1,330 millones de dólares (aproximadamente). La IED en Costa Rica ha sido, pues, casi el doble que en Guatemala.

Muchas circunstancias pueden explicar esta diferencia tan grande, pero hay ciertos hechos que hacen el contraste todavía más paradójico, a saber: la población de Guatemala es alrededor del triple de la de Costa Rica, su PIB es mayor, su moneda es más estable, su deuda pública en relación con el PIB es menor, al igual que su déficit fiscal. ¿Qué pasa, entonces?

Como he dicho arriba, muchas circunstancias pueden justificar una diferencia tan notable; sin embargo, un factor clave es el de la seguridad jurídica. Mientras que Costa Rica figura en el lugar 31 de 139 países evaluados por el índice de estado de Derecho del WJP, Guatemala ocupa el puesto 109.

Esto no puede extrañar a nadie, pues, por ejemplo, la mayoría que predomina el Congreso de la República de Guatemala lleva alrededor de tres años sin cumplir con su deber constitucional de elegir a los integrantes de los más altos tribunales del país y la producción jurisprudencial de los que están en funciones es prácticamente nula. Sin niveles aceptables de seguridad jurídica es muy poco probable que los niveles de IED vayan a mejorar significativamente, con lo cual los niveles de crecimiento económico están limitados a la frontera de inversión del capital de los inversores nacionales que, por supuesto, se conformen con los niveles de inseguridad jurídica existentes. Por último, la recientemente promulgada Ley de Fomento para la Inversión de Capital Extranjero es incapaz de generar frutos sin el respaldo de instituciones de justicia independiente dignas de credibilidad.