CRITERIO URBANO

CC debe promover mayor certeza jurídica

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La semana pasada asumieron algunos magistrados de la VIII magistratura de la Corte de Constitucionalidad 2021-2026. De momento, han sido juramentados tres magistrados titulares y cuatro magistrados suplentes, el resto no pudieron asumir aún por acciones legales pendientes de resolver en diferentes ámbitos.

Lo primero que debemos reconocer es la importancia de que personas con diferentes experiencias hayan tomado el gran reto de participar y haber sido designados por los diferentes entes nominadores y que se haya respetado la toma de posesión, así como los plazos del inicio de una nueva magistratura. Mis felicitaciones y el mejor de los éxitos en la gestión de cada uno, porque de ellos dependerá mucho de lo que ocurra en materia de certeza jurídica.

Es importante que todos los sectores, así como los países amigos y cooperantes con Guatemala, trabajen de la mano de la Corte de Constitucionalidad, para apoyar en todo momento los requerimientos que ayuden a fortalecer su gestión. Sin duda, es importante reconocer los avances que se han implementado. Especialmente la modernización del sistema de gestión de casos, así como de la plataforma tecnológica y la transformación digital que se han implementado, como los casilleros electrónicos. Ojalá estos avances fueran replicados por la Corte Suprema de Justicia.

' El enorme reto de los magistrados es defender el orden constitucional.

Juan Carlos Zapata

Uno de los detalles más importantes en este momento es que Guatemala requiere atraer más inversión extranjera directa. Si vemos los datos de inversión en Centroamérica para el 2019, somos el país de la región que menos inversión extranjera directa atrajo respecto del PIB, según el Banco Mundial (apenas el 1.26% comparado con Panamá, que es el país que más recibe, con 8.82% del PIB). Esto se debe en gran medida a la falta de certeza jurídica que ha existido en nuestro país.

La certeza jurídica para los inversionistas significa que los procesos y decisiones relevantes para invertir en determinado país cumplen con cinco objetivos clave que reducen la incertidumbre y costos de hacer negocios: eficiencia (los trámites relevantes son rápidos y costo-eficientes), efectividad (existen incentivos y normas para atraer inversión), responsabilidad (contrapartes institucionales definidas en la promoción y gestión de las inversiones), transparencia (reglas del juego claras) y estabilidad (continuidad de las reglas en el tiempo que permite anticipar riesgos y retornos económicos).

La Corte de Constitucionalidad que acaba de asumir deberá dotar a Guatemala de resoluciones claras sobre varios temas que competen a la inversión, especialmente sobre cómo deben interpretarse muchos de los casos en inversiones intensivas en capital respecto del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y su apropiada reglamentación en nuestro país. Ninguna inversión fuerte podrá generarse en estos momentos en Guatemala mientras este tema no se resuelva, así como la creciente necesidad de buscar maneras alternativas para generar salarios regionales, que vayan acorde a las diferencias relativas de productividad de cada departamento.

Otros procesos que deberán resolver estarán relacionados a qué candidatos pueden participar en las próximas elecciones o resoluciones constitucionales como resultado de leyes del Congreso de la República, o resoluciones de la Corte Suprema de Justicia o del Ejecutivo, sabiendo que deberán estar apegados a nuestro marco constitucional. Esperamos que en los próximos cinco años resuelvan siempre apegados a Derecho y que la VIII magistratura cumpla su mandato a cabalidad de defender el orden constitucional.

ESCRITO POR:

Juan Carlos Zapata

Director ejecutivo de Fundesa. Maestría en Gestión Pública y Liderazgo. Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Finanzas. Representante de diferentes mesas de trabajo del sector empresarial.