Punto de encuentro

Ceferina y Sebastiana: la justicia racista y desigual

Marielos Monzón @MarielosMonzon

Ceferina Josefa Xaminez Yaxon es una mujer indígena originaria de Santa Lucía Utatlán, Sololá. Es una reconocida líder comunitaria e integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que ha denunciado los excesivos cobros que la empresa Energuate realiza a los vecinos de su municipio. Hay familias que solo tienen un foco y les facturan hasta Q500 de luz y hay quienes sin tener el servicio se ven obligadas a pagar.

El jueves 4 de marzo, a Ceferina la condenaron a 3 años de prisión por el delito de robo. El Ministerio Público (MP) y Energuate la acusan de haber hurtado, en 2017, un alicate y un casco a dos empleados de la empresa. En mayo de 2019, doña Ceferina enfrentó juicio por estas acusaciones y fue absuelta por el juez Edgar Alfonso Acabal Itzep, quien decretó falta de mérito porque el MP no pudo probar los señalamientos.

Durante el juicio, Ceferina narró cómo los trabajadores de Energuate entraron a su casa y la retuvieron por la fuerza, obligándola a subir a un vehículo. La llevaron a una comisaría para denunciar el “robo” del casco y el alicate, y los policías la detuvieron. Hicieron falta dos años para que su inocencia quedara comprobada, aunque no se hizo nada respecto de la detención ilegal de la que fue objeto. No conformes con la resolución, el MP y la empresa apelaron y una sala ordenó que se realizara un nuevo juicio.

Con las mismas pruebas del juicio anterior, que básicamente son las declaraciones de los empleados de la empresa -es decir, la palabra de ellos contra la de Ceferina- el pasado jueves, tras la repetición del juicio, fue declarada culpable. El MP y la empresa pidieron 8 años de cárcel y la jueza Mariana Mercedes López Cabrera les concedió 3. ¡Tres años por el supuesto robo de un alicate!

Pero lo ocurrido con Ceferina no es un caso aislado. Una situación similar está enfrentando Sebastiana Pablo Hernández, autoridad ancestral del pueblo k’ich’e que permanece en prisión desde octubre de 2020, acusada de los delitos de sedición, incendio y robo agravado, por supuestamente haber sustraído un leitz con documentos clave de la municipalidad de Joyabaj, Quiché.

Según el testimonio de un empleado de la comuna, ella habría “identificado” esos archivos como información importante y por eso los sustrajo. Doña Sebastiana no sabe leer ni escribir y en los videos en poder de la fiscalía se la ve con su vara de autoridad y sin ningún otro objeto en la mano.

Doña Sebastiana, como autoridad de los pueblos indígenas, acompañaba a un grupo de vecinos y comerciantes que llegaron hasta la municipalidad para entregar un petitorio al alcalde Florencio Carrascosa Gámez, en el que exigían una mesa de diálogo para resolver la situación de los vendedores del mercado local, que tras 5 meses de permanecer cerrado por la pandemia, estaban afrontando una severa crisis económica. La protesta se tornó violenta, pero en ningún momento Sebastiana incitó a los disturbios, más bien abogó porque la misma fuera pacífica.

Por este mismo caso, fueron ligados a proceso la colega Anastasia Mejía; la presidenta de la Asociación de Comerciantes del mercado de Joyabaj, Petrona Siy; y Manuel Hernández, líder comunitario de 78 años. A los tres, la titular del juzgado penal de Santa Cruz del Quiché les impuso una cuantiosa cantidad como fianza, que fue reunida con aportes solidarios. A Sebastiana le negó la libertad.

Esto no es otra cosa que el uso del derecho penal como herramienta de criminalización y control social. Como ha ocurrido con autoridades ancestrales y líderes de San Marcos, Huehuetenango y Alta Verapaz se castiga a quien ejerce de manera legítima la defensa de los derechos y se da una lección “ejemplificante” y de disciplinamiento, para terminar con la resistencia y la movilización de las comunidades.