Centroamérica: el derrumbe autoritario
En la región se está aplicando —otra vez— del derecho penal del enemigo.
Las prácticas regresivas y autoritarias están regándose como pólvora en toda Centroamérica. La semana pasada vimos cómo en Guatemala y en El Salvador continuó la manipulación de las fiscalías para perseguir a opositores y voces críticas.
Preocupa que la “estrategia” del gobierno siga siendo dejar el tiempo correr.
La información compartida por los medios y las imágenes en las redes sociales demuestran un mismo patrón: casos fabricados y reserva de los procesos para evitar dar cuentas a la ciudadanía de las capturas arbitrarias.
Escuchar a la abogada Ruth López, la jurista salvadoreña capturada por el régimen de Nayib Bukele, pedir a gritos que se le conceda un juicio público para evidenciar que su encarcelamiento es una represalia por su trabajo; y ver, unos días después, cómo un grupo de policías se llevó preso a otro jurista, el abogado constitucionalista Enrique Anaya Barraza, quien denunció apenas unas horas antes de su captura que en su país se desató “un esquema de fabricación de culpables sin pruebas”, confirma que en la región se está aplicando —otra vez— el derecho penal del enemigo.
Ruth López ha sido una figura clave en desvelar casos de corrupción y en la presentación de denuncias ante la Fiscalía salvadoreña para exigir que se investigue el uso irregular de fondos públicos en las instituciones de gobierno. Ha acompañado a decenas de personas cuyos familiares fueron detenidos y están desaparecidos, sufren torturas y vejámenes o están presos sin que ningún juez les haya escuchado o emitido una condena.
Enrique Anaya es un abogado especializado en Derecho Constitucional que se opuso a la reelección de Bukele porque violaba la Constitución. Desde hace meses, no ha cejado en demostrar públicamente la sistemática represión y las violaciones a la ley que se dan en su país. El 3 de junio, en un programa de televisión fue categórico y afirmó: “El Salvador no vive en una democracia. Lo que quieren hacer con Ruth (López) es destruirla moralmente y además enviar el mensaje de miedo para todos. Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille, se va preso”. Cuatro días después fue detenido.
Igual que el periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora, Enrique Anaya y Ruth López son acusados del delito de lavado de dinero. Y eso no es casualidad, es un patrón de acción que se utiliza para perseguirlos penalmente pero también para destruir su reputación y credibilidad.
Como en Guatemala, estas capturas no son hechos aislados. Se dan como parte de una escalada de persecución en contra de actores que revelan la corrupción y las sistemáticas ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Ayer, la Red Centroamericana de Periodistas denunció el aumento de la vigilancia policial en las casas de periodistas salvadoreños y un clima de hostigamiento constante que llevó a que más de 30 colegas hayan tenido que exiliarse o resguardarse dentro de su país. En nuestro caso, más de 20 periodistas permanecen en el exilio y la criminalización del MP no da tregua.
La semana pasada conocíamos de una investigación penal que la Fiscalía metropolitana inició “de oficio” en contra de Sonny Figueroa, periodista del medio digital Vox Populi. Aunque suene absurdo, quieren acusarlo del delito de “revelación de información confidencial” por haber publicado en sus redes imágenes de una persona que los vigilaba a él y a Marvin Del Cid y que les tomó varias fotografías que luego aparecieron en cuentas de redes sociales que se dedican a amenazar y hostigar a periodistas.
Pareciera que, en estos 11 meses que le quedan a Consuelo Porras al frente del MP, la persecución indebida irá en ascenso. Preocupa que la “estrategia” del gobierno siga siendo dejar el tiempo correr.
ESCRITO POR:
