En Guatemala el concepto de certeza jurídica dista mucho de los preceptos constitucionales o principios y normas establecidas en nuestro marco legal. Por ello es importante que el crecimiento económico inclusivo sea una prioridad nacional, donde se unan esfuerzos públicos y privados para impulsar una agenda de cambio y transformación política y de fortalecimiento institucional.

Para analizar la certeza jurídica es útil ver en la práctica cómo el ciudadano enfrenta diferentes procesos a lo largo de sus actividades, en cuanto al sistema de gobernanza del sistema jurídico, cómo es el proceso de creación de las normas en el país, qué calidad normativa existe y cómo se aplican y ejecutan dichas normas.

Según diferentes índices de comparación internacional, nuestro país necesita enfocarse en dos grandes áreas para mejorar la atracción de inversión, especialmente en aquellos temas relacionados con los procesos de creación de normas y la aplicación y ejecución de la normativa. En cuanto a la creación, a que el proceso de elaboración de leyes, reglamentos o acuerdos estén orientadas al interés público y respecto de la aplicación, que las disputas comerciales y civiles sean resueltas de forma eficiente y transparente.

Otras consideraciones importantes resaltan sobre los derechos de propiedad. Si bien Guatemala pareciera contar con un marco de protección de los derechos de propiedad, el país tiene relativamente un buen registro, pero la protección y uso de esos derechos están rezagados, especialmente cuando vemos el registro y la titulación de la propiedad privada, hay todavía mucha propiedad física que está en posesión, pero sin los títulos de propiedad necesarios para demostrarlo, lo cual impide el poder utilizar las propiedades para inversión.

Según el Banco Mundial, nuestro país tiene retos en cuanto a la certeza jurídica que, si se abordan, pudieran mejorar sustancialmente las inversiones. Esto está muy bien delimitado en el índice Haciendo Negocios (Doing Business), el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, el índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Global y el índice global de innovación.

En estos indicadores hay cuatro áreas de mejora importantes en temas relacionados con el tiempo que toma resolver las disputas comerciales (pueden tardar hasta 1,402 días en resolver una disputa de este tipo), la protección de la propiedad intelectual, la gestión de conflictos de interés en la creación de normas y la protección de inversionistas minoritarios.
Por ello es importante generar un seguimiento constante a los temas de certeza jurídica, con un enfoque claro hacia los grandes acuerdos que como sociedad se pueden trabajar. Diferentes fuentes internacionales mencionan la importancia de que el país cuente con procesos de selección de cargos judiciales que sean objetivos y transparentes, resaltando la importancia de separar aquellos procesos administrativos.

Esto, sin duda, va a ser el centro de muchas discusiones en las próximas semanas en preparación a la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, donde Guatemala tiene la gran oportunidad de trabajar junto a diferentes instituciones públicas y privadas con el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el estado de Derecho y la certeza jurídica, sin olvidar, claro, la urgente necesidad de poder contar con más vacunas para la población más vulnerable. Este esfuerzo puede ser el inicio de un proceso gradual de acuerdos en beneficio de un país con mayores oportunidades de desarrollo.