Parece que no quieren entender que la elección del fiscal general es política; por lo tanto, entran en juego elementos políticos que permean los criterios de los comisionados, con sus diversas posturas ideológicas, indiferente al hecho de que existan normas y reglamentos que guíen el proceso. Siempre habrá interpretaciones subjetivas, porque así está diseñado el sistema. La gran algarabía que las comisiones de postulación causaron con el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación no debe extrañar. En los EE. UU., los republicanos y los demócratas siempre han luchado por obtener el dominio de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Biden acaba de nombrar a Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de Justicia.

Guatemala tuvo una Corte de Constitucionalidad por más de cinco años dominada por su tendencia ideológica. Impuso su agenda, dictaminó en forma selectiva, impidió que una candidata llegara a la presidencia, casi bota al anterior presidente, le arrebató a un fiscal electo el tomar posesión, sustituyéndolo por una fiscal afín; y postergó decisiones sobre casos que dejaron muy mal parado al país ante los financistas internacionales. Como es lógico, ese sector trató de impedir hasta donde pudo la elección de la actual Corte de Constitucionalidad, a sabiendas de que el horizonte venía cargado de una agenda política trascendente, relacionada con la elección del fiscal general de la Nación, procurador de Derechos Humanos, juicios a militares y otros casos de importancia. Pero el tema que nos debe ocupar ahora es aceptar cuán inoperante es la actual Ley de Comisiones de Postulación, que no solo es ineficaz, sino un bochorno.

Siempre a última hora, cuando ya están encima las elecciones, comienza el mismo jueguito de presionar a las comisiones de postulación. Lanzan críticas por doquier; pero una vez finalizadas las elecciones desaparecen, para reaparecer a los cuatro años a repetir el mismo drama politiquero.

Hay cinco elementos determinantes para transparentar las comisiones de postulación:

1. Voto secreto. Actualmente los decanos deben “pronunciarse” y explicar su voto. Esto, automáticamente, los hace vulnerables a críticas, presiones, amenazas y hasta querellas judiciales. Se presta para la “compra de favores”, porque se puede comprobar “si votaste por el que quiero”… El voto secreto blinda a los comisionados de estas presiones espurias.

2. Método de calificación: Si las propias normas obligan a seguir un procedimiento de calificación, entonces los seis candidatos que obtuvieron mayor puntaje deberían ser seleccionados. Es absurdo y no apegado a la norma que un candidato que tiene 60 puntos sea escogido sobre otro que obtuvo 90.

3. Tachas: La interpretación subjetiva de los términos “idoneidad y honorabilidad” es vaga. ¿Por cuál interpretación o significado se deben guiar los comisionados con la palabra “idóneo”? El diccionario de la Real Academia dice: Idóneo: “Cualidad de idóneo. Adecuado y apropiado para algo”. En cuanto a “honorabilidad”: “Digno de ser honrado o acatado”. Los títulos de las universidades guatemaltecas legalmente inscritas no pueden ser sujetos de evaluación. Pretender anular por terceros lo que una universidad avaló es una extralimitación. Tampoco es legítimo darle validez a una “lista” sin vinculación legal en Guatemala.

4. Libertad de los comisionados: El ambiente de trabajo debe garantizarles un espacio libre para analizar, estudiar y evaluar los expedientes, sin tener la presión mediática y de las organizaciones de derechos humanos respirándoles en el cuello. No es correcto que los observadores lleven lentes de telefotos hasta para poder leer notas, expresiones o movimientos.

5. Selección aleatoria: Una vez seleccionados los candidatos finalistas, se debe escoger en forma aleatoria a uno de ellos. Esto transparenta la selección y elimina el incentivo espurio. ¿Seguiremos cometiendo el mismo error?