Con la palma extendida
La cancelación de Usaid supone un financista político menos.
En el pasado, el intervencionismo era grosero. Al final quedaba un dictador, como diría Roosevelt: Our son of a bitch. El viejo libro de William Krehm Democracias y tiranías en el Caribe (1949) ha sido remozado con el estudio Dictaduras del Caribe, de Sergio Guerra Vilaboy y Roberto González Arana (2017). Se refieren a situaciones pretéritas, afortunadamente superadas, tanto por la modificación de los mecanismos de intrusión de la superpotencia continental, como la complejidad de la respuesta de las mismas sociedades locales. Se utilizó la financiación encubierta, pero tiende a desaparecer. Muchas veces se descubre por la necesidad de justificar el manejo de los fondos, pues al final son públicos.
Debe aumentarse el control de la intromisión financiera clandestina para fortalecer la democracia.
A las acusaciones sobre intromisión, se suma la suspicacia de quienes piensan que se generaron ganancias inexplicables entre los directivos internacionales. Cuando se observa el patrimonio de los funcionarios involucrados, hay señalamientos: Samantha Power tenía un patrimonio de US$7 millones antes de convertirse en administradora de la cancelada Usaid y, al dejar de serlo, tenía US$30 millones. En atención tanto a la crítica de intervención encubierta como a la duda sobre un uso sin apropiación indebida, se ha restringido el financiamiento y se han llegado a cerrar agencias como la mencionada.
Un área estratégica para tener influencia es el sistema de partidos. En el país existen 40 partidos políticos inscritos, a los que se les sumarán otros. De la misma manera, los comités cívicos electorales multiplican la carga para un control efectivo por parte de las autoridades electorales.
La afiliación se ha convertido en un procedimiento de pago. No obstante, muchas veces los encargados de la afiliación engañan a la dirigencia partidaria. El 23 de febrero de 2023, el secretario general del partido Semilla, el ahora presidente Bernardo Arévalo, denunció estafa por parte de quienes debían empadronar militantes, demostrando ser ajeno a tales hechos. Tal situación se complicó, pues se llego a la cancelación de la inscripción partidaria. En consecuencia, el gobierno carece de un partido oficial. Tiene una alternativa: conformar uno nuevo con los consabidos gastos para afiliación, o hacerse de uno ya inscrito. En este último caso, se debe expensar a los directivos para que cedan la organización.
Si deja de existir financiamiento proveniente de presupuestos de los países ricos, otros dineros ocuparán el lugar. La narcoactividad tendrá el camino abierto con el favorecimiento de determinados líderes políticos. Los frenos a la aceptación de tales dádivas son cada vez menores, pues la ideología o doctrina política ha comenzado a ser inexistente. En su lugar, los partidos son grupos de negocios interesados en obtener influencia política para hacer negocios con las obras públicas. La ciudadanía desconoce la imagen objetivo de sociedad o las propuestas programáticas, fuera del interés económico.
La relación con la delincuencia organizada lleva a los políticos a participar en el crimen. Los casos pueden señalarse: José Armando Ubico Aguilar, exdiputado por el partido Todos, fue condenado a 18 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas. Antes había sido igualmente condenado a 15 años de prisión Mario Estrada, candidato presidencial de UCN, por sus relaciones con el cartel de Sinaloa.
El desafío de diseñar un nuevo sistema participativo democrático, con suficientes controles para evitar que se cuele el financiamiento ilícito, debe expresarse con urgencia en los ajustes necesarios a la constitucional Ley Electoral y de Partidos Políticos.
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