Don Ramón A. Salazar (1852-1914), en su trabajo Historia del desenvolvimiento intelectual en Guatemala, señala: “Dice un escritor regional de principios de este siglo, que Guatemala aspiró siempre al rango de las ciudades más grandes y más cultas del mundo. Que durante mucho tiempo no tuvo otro cuerpo literario que la Real y Pontificia Universidad, la cual llegó a proporcionar tal número de abogados, que se creyó necesario dar a su profesión el lustre que la hacía tan respetable en la corte de la monarquía, así como en las de Méjico y Lima”. Luego cuenta que el señor oidor don Antonio Norberto Polo fue quien gestionó ante la Real Audiencia los estatutos de dicho cuerpo científico, todo esto en 1810.

“Lo pusieron, desde luego, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced y la del glorioso San Ivo, en cuyo obsequio, culto y devoción se estableció que debía celebrarse cada año una festividad en el próximo día festivo al 24 de septiembre, con misa cantada y sermón en iglesia dedicada en esta capital a aquella santísima imagen de la Merced… para matricularse y pertenecer al gremio, no bastaba tan solo poseer el título de abogado, que la Real Universidad confería, era necesario seguir una información escrupulosa en que, por medio de seis testigos mayores de toda excepción, y después de haberse presentado en siete partidas de bautizo legalizadas, a saber: la del pretendiente, las de sus padres y las de sus cuatro abuelos, debía probarse que el aspirante llevaba buena vida y costumbres, que era hijo legítimo o natural de padres conocidos, no bastardo ni espurio y que así él como sus padres, abuelos maternos y paternos, habían sido cristianos viejos, limpios de toda mancha y sangre de moros, judíos, mulatos o recién convertidos a nuestra fe católica”.

“…los derechos de sus miembros se reducían a poca cosa. Ejercer la profesión bajo los auspicios de aquel cuerpo, usar bolillo (vueltas de gasa y tafetán azul en los puños, que no podían llevar en las posesiones de España, sino los que pertenecían a un tribunal real) y de que las viudas o hijos legítimos que un abogado matriculado dejase al morir, gozarán de montepío, cuya suma no se asignaba, pues los fondos del gremio se prorrateaban entre las familias de abogados difuntos”.

Hace 209 años de esto y el 24 de septiembre sigue siendo el Día del Abogado, y ¿qué ha cambiado fuera del contexto histórico y requisitos de ingreso que ahora nos parecen chocantes? porque para ejercer se debe estar asociado y continúa el derecho a “montepío” en caso de fallecimiento —dinero manejado como gaveta de tienda por algunas directivas—.

En 1810 se pretendió crear para los abogados un cuerpo que nos hiciera estar a la par de las ciudades más desarrolladas, hoy nuestro Congreso, con el silencio de muchos y la complicidad de algunos, ensucia cualquier anhelo de justicia ante la indiferencia colectiva.

Algunos diputados pretenden aprobar reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con el objeto de garantizar influencias, impunidad y burlar el esfuerzo del buen juez y el buen magistrado para ponernos a la altura de los peores países del mundo, lo anterior es una burla al ejercicio de la profesión de abogado.

Don Eduardo J. Couture, ya en el siglo pasado, dejó escrito los Mandamientos del Abogado y en ellos nos legó una obligación: “Lucha. Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”.