SIN FRONTERAS

Conamigua y su consejo asesor: melcocha inconstitucional

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Enero trajo consigo nuevos legisladores que trabajan en un nuevo enfoque migratorio desde la Comisión de Migrantes. Y no tardó mucho tiempo para que a estos nuevos integrantes les sonaran alarmas rojas por lo que sucedía en el ente que está bajo su fiscalización: el consejo Conamigua. Afortunadamente, ante los escándalos por el vilipendio de recursos y la irresponsabilidad absoluta, los diputados hicieron lo que correspondía en el plano urgente: promover la destitución del Secretario Ejecutivo, la cual se logró; y dar paso para que el Consejo quedara bajo la conducción de quien fungía como la Subsecretaria Adjunta. El siguiente paso, sin embargo, está teniendo un giro que veo lamentable, pues se hacen nuevos esfuerzos y usan nuevos recursos para darle aún más vida a un Consejo que no encaja con nuestro marco estatal. Durante los largos años que tengo de observar el Conamigua, he visto dos mieles que atraen a justos y villanos para caer en ese hoyo: El evidente, los millones de su presupuesto. Y el subyacente, las relaciones políticas con quienes dicen tener representación de los connacionales, particularmente, en EE.UU.

' Otros países han dado voz a los expatriados en los Parlamentos nacionales. Escaños en el Congreso.

Pedro Pablo Solares

En su estructura, el Conamigua tiene un Consejo Asesor. Leyó bien: el Consejo tiene un Consejo. Y ambos aconsejan. Redundancias de la burocracia absurda. Cuando se ideó Conamigua, por ahí entre Berger y Colom, a alguien se le ocurrió que sería genial crear una especie de asamblea, un parlamento, para que la población en el exterior tuviera una voz política. Y por ello, para que los migrantes supuestamente estuvieran representados, a dichos genios se les ocurrió diseñar ese parlamentito, con un sistema de elección para integrarlo: Si un migrante quiere ser miembro del Consejo, solo debe acreditar que representa a una “organización de guatemaltecos” y se inscribe ante el consulado jurisdiccional. Ahí, en alguna hora de algún día, el cónsul de turno realiza elecciones –no auditadas- y los guatemaltecos ahí presentes votan por las personas que supuestamente representarán los intereses de la población expatriada, en un consejo que pretende tener unos Q150 millones de presupuesto anual. No hace falta decir que en la práctica, en vez de lograr propósitos nobles, se creó una enorme telaraña propensa a la corrupción, llena de cacicazgos del exterior que se hicieron compadres de los políticos en Guatemala. Primero de los de Une, y luego, de los caballeros de Todos.

El Consejo Asesor de Conamigua ha sido un fracaso representativo por razones que no son circunstanciales. Las organizaciones políticas no pueden -ni deben- ser empíricas. Y las elecciones no pueden -ni deben- ser organizadas por consulados que pertenecen a la estructura del Ejecutivo, bajo la jerarquía de una cancillería que funciona, más bien, con mecánicas antidemocráticas: politizadas, jerarquizadas, discrecionales y secretistas. El sistema de representación de Conamigua contraviene el Régimen Político Electoral constitucional, que ordena que todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, las organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Guatemala cuenta con una población relevante en el exterior. Y esta tiene todo el derecho de reclamar participación política. Pero según nuestro régimen constitucional, esa representación debe encajar en el Sistema Electoral. Muchos otros países han dado voz a los expatriados en los Parlamentos nacionales. Escaños en el congreso para una población cada vez más grande, creo, es lo que corresponde. Sin duda, es un camino más largo y laborioso. Pero es el indicado en la ley. Diputados de buena fe: Todo lo demás es una melcocha inconstitucional.

ESCRITO POR:

Pedro Pablo Solares

Especialista en migración de guatemaltecos en Estados Unidos. Creador de redes de contacto con comunidades migrantes, asesor para proyectos de aplicación pública y privada. Abogado de formación.