Consuelo Porras contó con el beneficio de la duda cuando fue nombrada como fiscal general, se argumentaba su carrera en la Administración Pública y su “temor a Dios” como algunas de sus fortalezas. Tras tres años de gestión, en donde el mensaje con palabras rebuscadas y de aparente complicación ha sido su constante para intentar quedar bien con Dios y con el diablo, en plena crisis mostró de qué está hecha. Destituyó a Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), simplemente porque quiso. Poco importa que no existiera procedimiento administrativo y que debía garantizar la audiencia debida, con criterio de rábula de un plumazo obedeció alguna orden y lo sacó. El debido proceso y la estabilidad laboral poco importó.

No tiene relevancia que a la fecha la fiscal general no haya averiguado una coma de la trama montada por el dueño de la UCN para regalar puertos y aeropuertos a un cartel del narco y a la vez asesinar a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Óscar Schaad. Recordemos que ese partido garantiza mantener la alianza oficial. La vida de los fiscales poco le importa a Porras. El regreso de la violencia política es cobijado por la actual fiscal general.

Es público que la Universidad Da Vincci desconoció la documentación con la cual el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Ranulfo Rafael Rojas Zetina, acreditó un doctorado que no hizo. Esto mostró que en Guatemala quien debe velar porque no se realice fraude hace fraude para conseguir puestos públicos y lo hace dentro de una autoridad electoral que a velocidad vertiginosa pierde prestigio, capacidad institucional, pero sobre todo la confianza ciudadana. La Fiscalía de Delitos Electorales, comandada por un fiscal bastante gris, pero ahora mostrado como oscuro, Rafael Curruchiche, no movió un dedo para investigar al doctor sin doctorado, y eso que la Universidad dio una lección de responsabilidad institucional. Rafael Curruchiche no investigó un caso de falsedad donde la propia Universidad es agraviada y ahora Porras en agradecimiento lo premia nombrándolo para dirigir la Feci.

La cooptación de instituciones estatales dibuja una república de fachada, un seudoconstitucionalismo como el construido en Nicaragua o en Honduras, el cual ahora es replicado. Ya vendrán conocidos abogados a justificar que los nombramientos son institucionales, cuando sabemos y conocemos ese argumento porque lo daban Lucas, Laugerud y Arana para justificar sus crímenes y asegurar la aquiescencia estatal a la impunidad. No es institucional cualquier cosa decidida por las tribunas de poder. El nombramiento de Rafael Curruchiche en la Feci tiene dos explicaciones principales: la primera, utilizar el proceso penal para callar opositores; y la segunda, paralizar investigaciones, siendo la mejor carta de presentación su lisonja con el caso del TSE. Consuelo Porras no es una funcionaria institucional, es una funcionaria complaciente con el poder real, es parte del entramado de acoso a jueces y fiscales, pero sobre todo es responsable de hacer con el Ministerio Público lo mismo que hicieron Jimmy Morales y Jafeth Cabrera con el país: atrasarlo y anquilosarlo lo más posible.

Porras había nombrado a una fiscal de carrera para dirigir la Feci, ella misma la presentó como una funcionaria de reconocido prestigio institucional y de confianza de los EE. UU. Su nueva decisión, a la vista de todos, sin duda necesita un soldado. El ejercicio de la función pública requiere compromiso democrático, respeto a la República y, sobre todo, mantener sus decisiones en los parámetros constitucionales. Obstruir la justicia y proteger intereses es para lo que Porras está en el puesto, y lo peor es que, según ella, lo hace “en nombre de Dios”.