Estados Unidos
Punto de encuentro
Consuelo Porras: postulaciones injustificables
Responsable de la criminalización de actores democráticos y de la impunidad de actores corruptos.
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La resolución del juez Maximino Morales (12/2/26) que permitió al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín salir de la prisión Mariscal Zavala y enfrentar los cargos penales de los que se le acusa bajo arresto domiciliario, fue un paso en la dirección correcta. “La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla general y debe utilizarse como último recurso”, establecen los estándares internacionales de derechos humanos.
Injustificable que se le considere en la nómina de candidatos al MP o en una magistratura de la CC.
Por supuesto que lo que corresponde en los casos contra Jose Rubén es que se le dicte falta de mérito porque las acusaciones que le hacen el Ministerio Público (MP) y los querellantes no tienen sustento y su propósito es castigarlo por su trabajo periodístico. Pero el solo hecho de poder defenderse en libertad marca una diferencia sustancial que le fue negada reiteradamente, aunque no haya habido peligro de fuga ni obstaculización a la acción penal, las dos razones que dicta la ley guatemalteca para mantener a una persona en prisión preventiva.
El juez fundamentó que Zamora “ya cumplió la pena por el delito de falsificación de documentos” que es de lo que se le señala en este segundo caso y ordenó que el periodista acuda quincenalmente a la Fiscalía a firmar. Lamentablemente —aunque no sorprenda a nadie—, el MP de Consuelo Porras apeló la resolución porque está empeñado en continuar criminalizando y persiguiendo a quienes, como Jose Rubén, han enfrentado y desvelado el accionar de las estructuras criminales y de corrupción en el país.
La misma acción maliciosa fue adoptada previamente (2/2/26) por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Rafael Curruchiche, tras la resolución unánime de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia que resolvió cerrar de manera definitiva el caso penal en contra de los periodistas de diario elPeriódico Cristian Vélix, Rony Ríos, Julia Corado, Alexander Valdez, Gerson Ortiz, Dennis Aguilar y de los columnistas Édgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.
El fallo de la Cámara establece que el ámbito penal no es la vía para tramitar señalamientos en contra de quienes realizan publicaciones o emiten opiniones sobre el actuar de funcionarios, porque eso violenta el artículo 35 de la Constitución que protege la libre emisión del pensamiento. Con esta apelación, la última palabra —de nuevo— la tiene la Corte de Constitucionalidad (CC). Esperamos que se pronuncie en el mismo sentido.
Pero la inquina del MP no es solamente en contra de las y los periodistas independientes. Hay una larga lista de personas que están siendo perseguidas penalmente a partir de casos fabricados y de acusaciones absurdas. Muchos operadores de justicia reconocidos por su trabajo a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad se vieron forzados a salir al exilio para garantizar su libertad e integridad y decenas de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales han corrido la misma suerte. Otros, como el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y las autoridades indígenas de los 48 Cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, permanecen privados de su libertad y enfrentando injustificadas dilaciones en sus procesos judiciales para evitar que salgan de prisión. En sus casos, la detención preventiva es una pena anticipada.
Por eso resulta indignante que una persona como María Consuelo Porras Argueta —responsable de la criminalización de actores democráticos y de la impunidad de actores corruptos— busque reelegirse como fiscal general o colarse en una magistratura del tribunal constitucional que le garantice inmunidad e impunidad. Sería injustificable que se le considere para integrar la nómina de candidatos para el MP y que la Suprema la tome en cuenta para ser magistrada de la CC.
Bastante daño ha hecho ya, después de ocho años al frente del MP.
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