Lo ocurrido en Bolivia no es otra cosa que un golpe de Estado. La renuncia forzada del presidente Evo Morales, de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y de todos los funcionarios en la línea de sucesión —la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda— es el doloroso desenlace de una estrategia abiertamente golpista que se fraguó al amparo de los poderes fácticos bolivianos.

En la última semana, grupos de choque —abiertamente fascistas— tomaron La Paz y sembraron violencia, terror y caos en todo el país. Quemaron las sedes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas, vandalizaron las casas de funcionarios y agredieron a decenas de ellos. Un video que se volvió viral fue el ataque sufrido por la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, a quien secuestraron y humillaron públicamente bañándola con pintura roja, escupiéndola y orinándola, mientras la obligaban a caminar descalza por las calles de su pueblo, al grito de “india sucia y asesina”. Frase que engloba lo que está detrás del golpe.

Estaba claro, casi desde el inicio, que los poderes fácticos bolivianos nunca tuvieron como propósito lograr que se celebrara una segunda vuelta electoral o que se convocara a un nuevo proceso de elecciones, su objetivo era derrocar al gobierno plurinacional boliviano y para eso usaron —como lo han hecho siempre— la violencia y la manipulación. Ni el anuncio de Evo Morales de convocar a nuevas elecciones, aceptando las recomendaciones de la OEA ni su intención de abrir un espacio de diálogo para darle una salida política a la crisis lograron frenar la decisión que estaba previamente acordada: impedir que concluyera su mandato.

La dimisión del binomio presidencial tampoco les bastó. Al momento de escribir esta columna, Bolivia sigue sumida en una violencia “descontrolada”, con la pasividad —cuando no complicidad— de la Policía y el Ejército. Esto no tiene otra lectura más que un intento de retroceso y “disciplinamiento” contra sectores políticos y sociales que consiguieron disputarle a la oligarquía una fracción del poder —nada menos que el gobierno— y transformar a Bolivia —en 13 años— del país más pobre y desigual de Sudamérica en una nación con los índices de crecimiento económico más grandes del subcontinente, con la disminución de la pobreza más importante su historia y con la inclusión —por primera vez— de millones de indígenas como ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos. Eso y no otra cosa es lo que le están cobrando al MAS y a Evo Morales. Eso es lo que buscan destruir.

No se puede tampoco dejar de mencionar la lección de responsabilidad política que dieron Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes decidieron renunciar para mantener la paz social y resguardar la integridad de las y los bolivianos, de todos y todas, no solamente de sus partidarios. Tan diferente a la de otros líderes que usan la represión contra sus pueblos y se atrincheran mientras se encarcela y se tortura.

¿Qué se cometieron errores? Por supuesto. Esta columna no pretende hacer una defensa cerrada de lo que el gobierno plurinacional boliviano hizo mal. Pero de eso a justificar un golpe de Estado y no ver que la violencia desatada está inspirada públicamente en el racismo y el clasismo, hay un océano de diferencia.

Lamentablemente, los golpes de Estado dejaron de ser un triste recuerdo y vuelven a la región de la mano de las oligarquías que rechazan la democracia cuando esta supone inclusión, combate a la desigualdad y redistribución de la riqueza. Honduras, Paraguay, Brasil y ahora Bolivia. Son días aciagos, pero nuestros pueblos saben mucho de levantarse y resurgir.