La historia de las mujeres en Guatemala está marcada por la violencia, la discriminación, los abusos y el dolor. Pero también es una historia de valentía, dignidad, coraje y esperanza. Y esto último es lo que describe la lucha incansable que 36 mujeres del pueblo Achi emprendieron en su búsqueda por la justicia.

Estas valientes mujeres de Rabinal, Baja Verapaz, que fueron víctimas de atroces vejámenes y violaciones sexuales cometidas por integrantes del Ejército y expatrulleros de autodefensa civil a inicios de los años 80, decidieron recorrer el empedrado camino que supone alcanzar justicia en un país como el nuestro, en el que, como escribió Humberto Ak’abal, “todo queda lejos”.

Ellas y muchas otras mujeres de su comunidad y de las áreas cercanas fueron violadas y torturadas sistemáticamente. Se les obligó a cocinar y a realizar servicios domésticos para los soldados del destacamento militar de Rabinal, sin que tuvieran posibilidad de negarse porque corrían peligro sus vidas y las de sus familias.

“Yo tenía 17 años y siete meses de embarazo cuando fui violada por un patrullero”, dijo Antonia Valey Xitumul frente al tribunal A de Mayor Riesgo. “Todavía yo le dije a Dios que me perdonara porque yo tenía siete meses de embarazo y perdí mi bebé”, declaró.

“Un día se llevaron a mi suegra y quemaron nuestras casas. Yo me fui a refugiar con mi criatura y cabal me acuerdo que mi matriz estaba sangrando y yo me fui corriendo; mi corte se quedó tirado. Luego dejé a mi bebé con un señor que ni conocía y cabal me caí en un barranco y después me llevaron. Gracias a Dios que yo estoy aquí hablando, pero la pérdida de mi hijo y ese dolor es lo que todavía llevo”, fue parte del testimonio de Máxima Emiliana García quien narró cómo después de ser violada, fue detenida y llevada al destacamento.

La violencia sexual contra las mujeres de Rabinal, como sucedió también en decenas de comunidades indígenas durante los años de la tierra arrasada, se utilizó como un arma de guerra y fue parte del terrorismo de Estado. Fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes estatales en el marco de la estrategia contrainsurgente para destruir a los pueblos y ejercer control y dominio, señala el informe “Guatemala, memoria del silencio”, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas.

Cuarenta años han pasado de aquellos terribles hechos y once desde que presentaron su denuncia ante el Ministerio Público. Hacerlo supuso romper el miedo y el silencio sabiendo que se enfrentarían a la estigmatización, a la negligencia y a la lentitud de un sistema de justicia que, casi siempre, está a favor de la impunidad. A pesar de que en 2019 la jueza Claudette Domínguez no creyó en sus testimonios, rechazó la acusación del MP y clausuró provisionalmente el proceso, las valientes mujeres Achi —y las abogadas del Bufete Jurídico de Rabinal que les acompañan— no desistieron y lograron el cambio de juzgado. Fue el juez Miguel Ángel Gálvez quien encontró suficientes elementos en la acusación y ordenó la apertura a juicio.

Mientras escribo esta columna se está realizando la audiencia final en la que el Tribunal A de Mayor Riesgo, que preside la jueza Yassmín Barrios, dictará sentencia en el caso. Cuando este texto se publique ya sabremos si después de este largo camino recorrido, las mujeres del pueblo Achi encontraron en la justicia una respuesta a su valentía y su dignidad y se sentó un precedente para que, como dijo doña Paulina Ixpatá, “nunca más vuelvan a suceder estos actos inhumanos como los que sufrimos”. Que así sea.