La emergencia sanitaria provocada por la expansión global de la covid-19 ha puesto en jaque a los gobiernos nacionales. La fragilidad de los sistemas de salud y protección social, las condiciones de precariedad y pobreza en las que ya vivían las grandes mayorías, la supervivencia —basada en el ingreso diario— de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del sector informal, la desigualdad imperante, la corrupción como norma para la adquisición de bienes y servicios del Estado y una bajísima carga tributaria supusieron el peor de los escenarios para la aparición de un virus altamente contagioso.

Así de frágil encontró a la región el nuevo coronavirus y así de graves están siendo sus efectos. Pero esta pandemia no solamente está teniendo consecuencias directas y devastadoras en la salud y la economía de nuestros países; también se está transformando en la excusa perfecta para recortar derechos y libertades. Pareciera, y cada vez aparecen más ejemplos en el Continente, que la emergencia sanitaria está siendo aprovechada para imponer medidas de carácter autoritario que amenazan a nuestras frágiles democracias.

Tomando en cuenta nuestro pasado reciente, resulta muy preocupante que los gobiernos quieran utilizar esta pandemia como un paraguas para concretar y consolidar una regresión autoritaria. En muchos países latinoamericanos se alzan las voces que alertan sobre los mecanismos que se están impulsando para reducir el espacio democrático y debilitar el sistema de pesos y contrapesos.

Ahí tienen ustedes al presidente Nayib Bukele, de El Salvador, tratando de desconocer a la Asamblea Legislativa y negándose —al mejor estilo de Jimmy Morales— a obedecer las resoluciones del tribunal constitucional, y a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, encarcelando opositores políticos bajo los cargos de “desinformar” e “incitar a crímenes contra la salud”.

Una preocupación recurrente a nivel regional tiene que ver con el creciente número de soldados en las calles y comunidades para “atender” la emergencia. Organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que esta medida podría esconder la intención de muchos gobiernos de volver a “naturalizar” la presencia militar en sus países y fortalecer no el combate a la pandemia, sino el control social. De más está explicar el impacto que esto supone para un país como el nuestro y las implicaciones que conlleva para las poblaciones que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, o para aquellas que se oponen a los megaproyectos en sus territorios.

Otro motivo de alarma son las restricciones que los gobiernos han impuesto a los periodistas y a los medios de comunicación. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández emitió un decreto para limitar la libertad de expresión y en Guatemala estamos viendo preocupantes señales para obstaculizar el ejercicio del periodismo independiente, ataques públicos de las autoridades por las publicaciones que se realizan y una negativa permanente a brindar información con amplitud y transparencia, lo que se traduce en la violación al derecho de la población a estar informada y abre las puertas para el manejo opaco de los recursos.

La incertidumbre y el temor generalizado, producto de la pandemia y sus impactos, son elementos que juegan a favor del recorte de derechos y libertades. El miedo es un campo fértil para las tentaciones autoritarias y ha sido utilizado desde siempre por los sectores de poder como mecanismo de dominación y control social. El desafío es salir de esta crisis con medidas que no justifiquen ni supongan un deterioro a la calidad de nuestras democracias.