En Latinoamérica, en 2016, el 60% de los ministros de la Defensa son civiles. En el país, el artículo 246 constitucional establece que el ministro es un oficial del Ejército. Ello priva de una autoridad encargada de explicar la política de defensa. Por su investidura militar, el ministro de la Defensa no puede dialogar activamente en asuntos donde se involucran posiciones sobre la estrategia para conseguir fortalecer la seguridad. Para informarse se tienen documentos con poco despliegue de razones sobre planes de crecimiento de las fuerzas, como el caso de la armada.

El año pasado, la marina efectuó 2,038 prevenciones para evitar intrusiones en aguas jurisdiccionales; casi 20 mil acciones de inspección y orientación a embarcaciones y 158 patrullajes conjuntos con las fuerzas navales de El Salvador y México. Por lo tanto, se supone que las embarcaciones debieran enmarcarse en esa funcionalidad para servir a las tareas que desempeña.
No obstante, se adquirió un buque de cabotaje y apoyo logístico BAL-C del astillero colombiano Cotecmar. El buque tiene una finalidad militar obvia: el desembarco de fuerzas armadas. Obviamente, dicha actuación no se ha considerado posible.
También puede realizar transporte de facilidades humanitarias en zonas ribereñas o costeras. Tal acción solo podría ocuparse en el Río Dulce y Lago de Izabal. Pero el buque está ubicado en el océano Pacífico. Además, el astillero mencionado anunció este mes las negociaciones para dotar de un nuevo barco BAL-C a la armada nacional.

El mes pasado, dos destructores de la US Navy, el USS Kidd y el USS Hasley, navegaron junto a las marinas de El Salvador y Guatemala. En el país, el Quetzal BL-1601 demostró la facultad de navegación en alta mar y coordinación con navíos de marinas de guerra. Los salvadoreños enseñaron su patrullero Petersen PY, casi una fragata. Los marineros centroamericanos, al participar en el ejercicio Passex, probaron que pueden efectuar acciones conjuntas, cuando la situación lo amerite.
Aparte de la satisfacción de contar con el inicio de la capacidad de intercepción de los sumergibles del narcotráfico y las lanchas rápidas, con buques respetables que puedan izar a bordo a esos navíos. Pues, el Quetzal BL-1601 tiene una grúa para ese propósito. Persisten dudas sobre las razones para adquirir un buque similar.

Una tarea que no debe pasarse por alto es el transporte de carga consistente en alrededor de ocho furgones de siete metros en zonas de bajo calado, sin facilidades portuarias. Si se cortara la carretera Interamericana o la costera podría solventarse ese obstáculo. También se pueden alcanzar nuevos mercados.

De esa cuenta, vuelve la consideración inicial. La justificación sobre el crecimiento estratégico de las Fuerzas de Mar nacionales debiera explicarse y discutirse por parte de la ciudadanía. No es posible que se gasten US$11 millones en barcos sin las suficientes razones por parte de las autoridades. Mientras voceros oficiales no expresen las causas de sus planes, solo puede especularse.

Frente a los señalamientos del crecimiento de tránsito de drogas sobre el territorio nacional por parte de Donald Trump. El esfuerzo de comprar con fondos de toda la ciudadanía un barco para impedirlo llena de orgullo a la Nación. Al menos en el mar se avanza en la interdicción de todo trasiego de estupefacientes. Por ello la ciudadanía exige explicaciones y participación para comprender los criterios sobre materia naval. La inversión de los fondos públicos no solo requiere transparencia en su aplicación, sino también las razones del gasto.