El cierre del período para recibir solicitudes de inscripción de candidatos terminó y puede calificarse de todo excepto de tedioso. Hemos sido testigos de candidatos que no pueden ser inscritos por algún impedimento legal, vimos cómo una resolución dividida favorable a la inscripción de otro candidato es rápidamente revocada de oficio con argumentos dudosos. Lamentablemente, todas estas decisiones de los magistrados del TSE, que para algunos pueden ser arbitrarias, erráticas o dirigidas, han tendido un manto de incertidumbre y duda sobre todo el proceso electoral.

Sumándose a lo anterior, el 20 de marzo se da a conocer la solicitud del MP para el retiro del derecho a antejuicio del candidato presidencial inscrito del partido Cabal, el Lic. Edmond Mulet. El fiscal de la Feci, MP, declaró por la radio sobre las razones de su actuar, indicando las bases legales de su argumento. En lo que pude entender —recuerden que soy ingeniero y no soy abogado—, la Feci argumenta que el candidato Mulet ha intentado coaccionar a una fiscal del MP y al juez que ha ordenado investigar a los periodistas como si fuese una estructura criminal. Lo ha realizado a través de conferencias de prensa y presentando acciones legales ante las autoridades correspondientes. Lo anterior es lo que la Feci considera una obstrucción a la justicia y debe ser investigado.

La situación que vive actualmente Guatemala es importante para su futuro, porque nos enfrentamos a una verdadera encrucijada. Por un lado, vemos al Gobierno aparentemente persiguiendo a muchos de sus detractores mediante la acusación de obstrucción a la justicia. Por el otro lado está nuestra propia constitución política, que garantiza el derecho a la libre expresión y a la libre petición. No puede uno dejar de ver las similitudes de las acciones del MP con los sucesos de otros países, como Nicaragua, Venezuela y Cuba. La situación se vuelve aún más pública, porque afecta a un candidato presidencial cuyo partido se ha atrevido a expresarse sobre todo el asunto.

Sin embargo, quizás lo más significativo es que de los 30 partidos políticos registrados, solo uno ha presentado acciones legales para luchar por nuestras libertades. Los otros 29 partidos solo callan ante lo que pude considerarse el camino hacia un Estado totalitario. Por supuesto, varios de estos partidos se expresan en las redes sociales, pero ninguno ha interpuesto acción legal alguna en contra del proceder del MP y de los jueces. En otras palabras, de 30 partidos políticos que buscan dirigirnos por los siguientes cuatro años a través de sus candidatos electos a la Presidencia, el Congreso y las corporaciones municipales, solo uno de ellos se ha atrevido a interponer una acción legal en contra de lo que se considera un irrespeto a nuestro derecho constitucional. Los otros 29 partidos, al mantenerse callados, quizás muestran un posible desinterés por los sucesos, una justificada desconfianza en el sistema judicial del país o consideran que al solo expresarse en las redes sociales los resguarda de cualquier acción promovida por el MP.

Recordemos que estamos hablando de los 30 partidos que buscan dirigir la Nación por los próximos cuatro años. ¿Qué podemos esperar si 29 de ellos mantienen un silencio total? ¿Acaso coinciden con el actuar del MP al considerar a los periodistas como estructuras criminales? En mi opinión, su silencio me dice mucho sobre lo importante que es para ellos el defender nuestras libertades constitucionales en el futuro. Se trata de un factor adicional a tomar en cuenta a la hora de depositar nuestro voto en las próximas elecciones.