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Ideas
Cuando la prohibición compra poder para acallar
El narcotráfico compra protección política gracias a las rentas extraordinarias que crea la prohibición.
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El MP confirmó que investiga la denuncia presentada por el presidente editor de República, Rodrigo Arenas. El caso incluye amenazas contra Arenas, José Fernando Orellana Wer, Alejandro Palmieri y el equipo editorial de ese medio. República atribuye el plan a actores vinculados con la narcopolítica, quienes rechazaron las acusaciones. La investigación deberá establecer responsabilidades individuales. Eso no reduce la gravedad del hecho: amenazar a periodistas por investigar al poder constituye un ataque directo contra una sociedad libre.
El artículo 35 constitucional protege la libre emisión del pensamiento. Quien se considere difamado dispone de tribunales, rectificaciones y otros mecanismos legales, no de sicarios, intimidación o violencia. Pero el texto no sirve de nada si el gobierno no protege la vida de quien lo ejerce. Por eso declaro mi solidaridad con República, Rodrigo, José Fernando y Alejandro. Defiendo su derecho a investigar, publicar y seguir vivos después de hacerlo.
La narcopolítica no apareció por generación espontánea ni desaparecerá con una conferencia de prensa. Nace de un negocio que la prohibición vuelve extraordinariamente rentable. Mientras exista demanda, prohibir la oferta solo garantiza que el negocio sea cada vez más rentable. El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de las Naciones Unidas muestra el fracaso: la producción potencial de cocaína alcanzó cuatro mil cien toneladas en 2024, más de cuatro veces el nivel de 2014. Tras décadas de guerra, el mercado sigue creciendo.
Defiendo su derecho a investigar, publicar y seguir vivos después de hacerlo.
Milton Friedman advirtió durante décadas que la guerra contra las drogas estaba condenada al fracaso más absoluto. La prohibición no elimina el consumo; únicamente traslada el negocio a manos de mafias violentas y sumamente lucrativas. La economía es sencilla. En un mercado legal, los conflictos se resuelven con contratos, tribunales, seguros y responsabilidad civil. En uno clandestino, la corrupción y las balas sustituyen esos mecanismos. Legalizar las drogas no significa aprobar su consumo, sino quitarle al crimen organizado el privilegio de controlar un mercado porque el gobierno expulsó a los competidores legales.
Conforme crecen sus operaciones, los narcotraficantes necesitan comprar protección política para asegurar sus rutas y su impunidad. Primero resulta barato capturar permisos, policías o contratos municipales. Luego conviene financiar diputados, influir en los presupuestos y buscar el blindaje judicial. Finalmente, le interesa controlar el Ejecutivo. Guatemala ya conoce ese recorrido. Excandidatos presidenciales y exdiputados guardan prisión en Estados Unidos acusados de narcotráfico. La narcopolítica ya es la triste realidad.
La prohibición del alcohol en Estados Unidos debería bastar como advertencia. El Estado no eliminó la demanda; fortaleció las organizaciones que resolvían sus disputas fuera de la ley. La guerra perdida contra las drogas repite fielmente esa estructura a escala transnacional. Cincuenta años de operativos militares e interdicciones respaldadas por Washington demostraron la inutilidad de este enfoque represivo. Ningún despliegue policial ni militar frenará un negocio cuya rentabilidad extraordinaria nace precisamente del decreto prohibitivo.
Debemos defender la vida y la libertad de quienes denuncian al poder. Hoy esa defensa requiere solidaridad con el equipo de República. Prensa Libre cumplió 75 años el 20 de agosto. La fundaron periodistas a quienes les dinamitaron las casas, secuestraron a dos y asesinaron a uno. La amenaza cambió de traje —antes política, hoy narcopolítica—, pero conserva la misma lógica: quien no puede refutar, intimida. Debemos cerrar filas alrededor de la prensa, aunque discrepemos de su línea editorial.
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