El titular de esta columna apareció el domingo pasado en un lúcido artículo del Lic. Jorge Asensio Aguirre, en el cual hace una crítica a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 3 de septiembre de 2018, “que confirmó la suspensión de la Mina San Rafael y también a la mina de níquel”. elPeriódico, 21/04/21, pág. 13.

En un acápite de este subraya el Lic. Asensio que “el fallo no fue idóneo al ordenar innecesariamente detener las operaciones, con lo cual se perdió todo el sentido de proporcionalidad que debió prevalecer”. Y que “Importantes instrumentos, que rigen los derechos humanos en relación con el derecho al trabajo, fueron ignorados por completo en las sentencias, como el derecho humano al trabajo, derechos derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, que es sucesora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La alta corte ignoró que el individuo va primero —y no puede sufrir la arbitrariedad de perder su trabajo por orden de una autoridad que no tomó en cuenta sus derechos económicos y los beneficios que el Estado y las municipalidades dejaron de percibir para beneficiar a su comunidad—” concluye Asensio.

El artículo de marras coincide con innumerables columnas de este columnista publicadas a lo largo de ese extenso calvario que el sector hidroeléctrico y minero han tenido que enfrentar en los últimos años; desde que el discurso revolucionario sucumbió con la caída del muro de Berlín, sustituyéndolo, muy convenientemente, con el de la Pachamama y la madre tierra, abriendo un campo fértil para manipular la opinión pública y el activismo radical.

Escribí hace unos años, casi en tono profético, “que, como en el país de Gulliver, los días pasan y la “mata” contra las hidroeléctricas y minería crece. Se trepa encima de vallas legales y amparos frívolos; se enreda en furibundos discursos y tarimazos de amplificados megáfonos y luces dizque pro derechos indígenas. Se enquista en algunos sacerdotes de la iglesia católica y hasta se fertiliza con abonos oenegeros nórdicos y soroficos.

Es una cuasi religión —Escribí—. Un constructo que no se detiene; por el contrario, se alienta, se promueve, se cultiva para que su enredo llegue al cielo y desde allí nos deje caer sus horrendos y gigantescos frutos hediondos a populismo y ambición de conflicto para integrarlos como leyendas a lo Chupacabras, en una su Jerusalén libre de minas e hidroeléctricas, donde comen con cucharas de madera, en ollas de barro, se transportan en burros y se alumbran con costosas velitas, mientras explotan “esta” otra mina: la de la industria del conflicto. Ah, pero para mientras, robemos ese feo fluido eléctrico vendiéndolo a Q300 millones por año para financiar nuestra industria.

Los argumentos de si es posible explotar adecuada y responsablemente los recursos naturales y minerales se rechaza in limine. Como si fuese un dogma metafísico, no se les puede penetrar porque manipulan cifras, números, datos, información, estadísticas, mapas, testigos, estudios e investigaciones.

Guatemala no puede dejar de explotar sus recursos. Lo de las regalías, la socialización de los proyectos, la responsabilidad ambiental, el beneficio de las comunidades vía la generación de empleos para el mantenimiento y el manejo forestal de las cuencas, entre otras; todo eso es legítimo y se debe implementar, lo inaceptable son los incentivos perversos de la politización de nuestros recursos naturales y minerales, con enfoques de paralizar los proyectos en marcha e impedir la expansión y desarrollo de nuevos.

Porque, al final, el derecho al trabajo es el más humano de los derechos.