Entender la Constitución como un pacto de unidad no es fácil porque nuestra historia está repleta de textos llamados constituciones que solo fueron normas sin valor. En la teoría moderna se entiende por dictador a aquel gobernante que usurpa por la fuerza el poder y reúne en él todos los poderes del gobierno, ejerciéndolos de forma autoritaria. Si vamos a este concepto, en el siglo 20 quienes tuvieron, en principio, tal concepción fueron Carlos Castillo Armas, quien irrumpió con el movimiento llamado Liberación y condujo al derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán; Enrique Peralta Azurdia, que con su golpe dejó sin vigencia la constitución del movimiento liberacionista; y Efraín Ríos Montt, quien en año y medio de gobierno fue autocrático. Óscar Mejía Víctores puede que en un inicio califique como dictador, pero al haber llevado a cabo el proceso constituyente, de forma pluralista, dejó de calificar como tal.

Carlos Castillo Armas y Enrique Peralta Azurdia llevaron a cabo procesos de convocatoria a asambleas constituyentes, pero en ambos casos no existió pluralismo, y menos participación de la oposición. Estos cuerpos constitucionales fueron calificados como ilegítimos; de hecho, el propio Colegio de Abogados (cuando era muy distinto a lo que ahora hay) así lo dispuso respecto de la Constitución de 1965, en un Congreso Jurídico.

Es paradójico que nuestros dictadores más reconocidos sean, un abogado, Manuel Estrada Cabrera (22 años), y un militar, Jorge Ubico Castañeda (14 años), cuando ellos, en teoría, se rigieron por la llamada Constitución Liberal, promulgada en 1879. Los regímenes bajo estos personajes se califican dentro del seudoconstitucionalismo; es decir, aquel régimen que necesita mostrar, tanto a lo interno como a lo externo, una constitución, pero el ejercicio del poder no tiene límites y enfatizan sus esfuerzos en el abuso, son autoritarios.

Este mismo seudoconstitucionalismo lo encontramos de nuevo en los gobiernos de 1970 a 1982: Carlos Arana Osorio, Kjell Laugerud García y Fernando Romeo Lucas García, donde la violencia institucional, desprecio a la oposición, agotamiento de espacios democráticos y hasta prácticas de acciones genocidas se ejecutaron desde el poder como política de Estado. Desde el 14 de enero de 1986 está vigente la Constitución y esta enfrenta oposiciones y resistencias de sectores poderosos para evitar la consolidación del modelo constitucional. Un buen número de leyes ordenadas con mandato expreso no se aprueban (ni se discuten); por ejemplo, ley de aguas, ley de protección a la propiedad comunal de la tierra de pueblos indígenas, ley contra monopolios, entre tantas otras.

Muchos nacimos y crecimos bajo gobiernos seudoconstitucionales que ejercieron el poder, con el barniz de formalidad democrática, siendo en la práctica verdaderos dictadores, y por eso buena parte de la población no procura soluciones democráticas a los problemas, sino que propugna opciones autoritarias, no se conoce el respeto al marco institucional. Se entiende por sociedad al conglomerado de personas que aceptan regir su conducta y su actuar por medio de reglas, parámetros y objetivos adoptados como comunes. Los guatemaltecos debemos señalarlo, vemos a la ley y al derecho como instrumento de poder, y punto. Temas como el salario mínimo, permisos de construcción, reglas de tránsito, por señalar tres, a una buena mayoría le son ajenos.

Educar a los niños bajo la lógica de respeto a los derechos humanos no es más que llevar a la práctica el respeto a la dignidad del otro y la tolerancia al pensamiento distinto. El país urge de puentes y diálogos entre sectores, pero solo es viable en un ambiente democrático; de lo contrario, el fantasma del autoritarismo, el desprecio a las reglas constitucionales y sobre todo las tentaciones al abuso seguirán siendo enormes y una realidad cotidiana.