Un proceso electoral despierta pasiones y se puede comprobar cuál es el pensamiento de muchos. Asusta ver a alguien caracterizado por discursos liberales pronunciarse a favor de opciones conservadoras y cómo conocidos marxistas se decantan por alternativas de derecha.

En países como el nuestro, con institucionalidad precaria, las pasiones de algunos funcionarios se trasladan al actuar de la autoridad que dirigen y resulta importante, ahora con un gobierno subido en el discurso de “fraude”, dejar que el Tribunal Supremo Electoral explique lo que debe explicar porque sobre ellos cae dejar a salvo la responsabilidad de las miles de personas que integraron las juntas electorales.

Cuando algo se repite y se repite queda a veces como verdad, aunque no sea cierto, y algo que ha dicho la fiscal general es que “los tiempos judiciales no tienen ninguna relación con los tiempos políticos”, lo cual no es cierto. Cualquier litigante sabe que en un momento determinado su demanda tendrá mejores efectos que en otro, y en el ámbito penal eso es básico.

Queremos compartir cuatro casos donde la fiscal general jugó, por acción u omisión, un papel importante, y así cada quien debe sacar sus conclusiones. 1. Se presentó la acusación contra Sandra Torres, quien ganó la elección presidencial cuando ya estaba inscrita como candidata y en un contexto grave. Presentar la denuncia y hacer el escándalo cuando la candidata gozaba de antejuicio puede tener dos lecturas aparentemente contrapuestas, la primera, que fue para beneficiarla; la segunda, que fue para perjudicarla. En ambos casos está presente el componente electoral. Todo pudo haberse presentado meses antes. Además, haber hecho la denuncia ya inscrita no fue el criterio utilizado para otras opciones políticas.

2. Se tramita orden de captura contra la ex fiscal general y candidata de Movimiento Semilla, Thelma Aldana, a los días de haber sido proclamada, y se corre a un fiscal un sábado para intentar evitar la inscripción. El delito no puede ni compararse con el señalado a la candidata de la UNE. Es evidente que la prisa fue con ánimo electoral. ¿Por qué la fiscal general no usó el mismo parámetro llevado a cabo con la UNE y lo hizo cuando ya estaba inscrita? o ¿por qué no lo hizo meses antes?

3. El Gobierno, por medio de los grandes trinquetes a que nos tiene acostumbrados, paga bonos por “reforestación” a expatrulleros organizados en una asociación inexistente. Algunos “dirigentes” se dan el lujo de amenazar la realización de las propias elecciones. Nadie puede ser tan incrédulo para pensar que el Ministerio Público no pudo haber hecho “algo” cuando los pagos y directrices en el ámbito nacional fueron claros que tenían un objetivo clientelar y, además, existe mucha gente que denunció lo sucedido. Las amenazas fueron hasta por la tele y los personajes andan tranquilos por la calle.

4. El viernes antes de las elecciones, la fiscal general decide presentar un caso contra el alcalde Quiñónez que en realidad materializó una semana después, pero ese día hizo bombos, capturó a un concejal y al secretario general de la Municipalidad de Guatemala. Esto de nuevo tiene dos lecturas aparentemente contrapuestas: la primera, que fue para perjudicarlo en su reelección; la segunda, que fue para victimizarlo. El presidente del Congreso salió echando culpas a la Cicig cuando todos sabemos que en el MP si no es con el aval de la fiscal general en este tipo de casos no se mueve un papel. En ambas lecturas hay componente electoral.

Digan lo que digan, vemos dados cargados en el Ministerio Público y, en especial, en el despacho de la fiscal general en este proceso electoral.