El intento de retirar el antejuicio al vicepresidente Guillermo Castillo y el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los señalamientos contra el exministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, por lavado de dinero del narcotráfico, muestran el impacto de la labor de zapa de las mafias, en alianza con diputados, magistrados y funcionarios de gobierno. Ya no se trata de un problema puramente ideológico, sino de un intento de secuestro del estado de Derecho hasta sus cimientos por parte de una cleptocracia que tiene vasos comunicantes con el crimen organizado.

A mediados de junio, un dirigente político me confió que sabía de la existencia de “una confabulación en marcha desde dentro del gobierno contra el vicepresidente Castillo” porque, agregó, “el número 1 se siente amenazado por la imagen que proyecta Castillo, ese es el origen, pero hay algo más detrás”. El 31 de julio, nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) demostraron que eran parte de esa conspiración que tiene todo el sello del Pacto de Corruptos, integrado por los diputados de la alianza oficialista, partidos de derecha, entre ellos la fracción de la UNE dirigida por Sandra Torres, magistrados y jueces venales, militares, grupos ultraderechistas y, por supuesto, el presidente Alejandro Giammattei. La solicitud de retiro de la inmunidad era tan espuria que la Corte de Constitucionalidad no tardó en dejarla en suspenso. Pero ese hecho evidenció la gravedad de la ruptura en el Organismo Ejecutivo. La expresión de Giammattei de: “Willy, estoy con vos”, sonó vacía y falsa porque medio mundo ya sabía que el mandatario formaba parte del complot.

Ese “algo más detrás” que me dijo el dirigente político en junio sería el malestar que en el Pacto de Corruptos ha significado el acercamiento que tuvo Castillo con el fiscal Juan Francisco Sandoval, el procurador de los Derechos Humanos y dirigentes indígenas, entre otros. Tan burda fue la conspiración que, en forma casi paralela con la amenaza de antejuicio, en las redes sociales comenzó el netcenter oficialista a atacar a Castillo, reclamándole ese tipo de acercamientos, con su rostro bañado de sangre y al final una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una vinculación realmente absurda. Esos nueve magistrados de la CSJ que levantaron la mano para dañar al vicepresidente fueron los mismos que desestimaron cuatro veces el retiro de la inmunidad del diputado Felipe Alejos, uno de los líderes del Pacto de Corruptos, pese a que sobre él existen serias evidencias en el caso Traficantes de influencias. Ese diputado, al igual que el empresario Gustavo Alejos, son los que han mancillado la justicia del país.

Esos mismos magistrados de la CSJ fueron los que en octubre del año pasado mantuvieron la inmunidad a Acisclo Valladares Urruela, cuando era ministro de Economía, por el caso de espionaje y escuchas telefónicas ilegales. Ahora les estalla en la cara la denuncia de la justicia estadounidense sobre las actividades ilícitas del exministro de Economía que, en su momento, también fue protegido por el expresidente Jimmy Morales, otro individuo que tiene cuentas pendientes con la justicia. Según la información procedente de Estados Unidos, Valladares Urruela recibía regularmente mochilas, bolsos de lona y maletines llenos de dinero del narcotráfico y que habría utilizado para comprar voluntades de políticos corruptos. Además, Valladares Urruela habría hecho escuchas telefónicas ilegales a políticos de izquierda, a pedido del Pacto de Corruptos. Está más que claro, la CSJ ha servido para defender a presuntos delincuentes y atacar políticamente, como en los casos del vicepresidente y la Corte de Constitucionalidad, además de formar parte de esa alianza mafiosa que pretende secuestrar el estado de Derecho.