Cada cinco años se integran las comisiones de postulación y se produce una catarsis colectiva en la que, como llamarada de tuza, se analiza la justicia como virtud para preservar la paz y concordia. Se ha creído que la integración de cortes y el funcionamiento del sistema judicial es asunto de abogados, lo que es un error. La correcta e imparcial integración de las Cortes de Apelaciones y de la CSJ constituyen garantías para generar estructuras de paz.

El conflicto en toda actividad humana y social es inevitable, el punto toral no consiste en que los conflictos no existan, sino en cómo deben resolverse. Al plantearse hace tres años la propuesta de reforma constitucional vimos como grupos interesados en mantener el actual estado de las cosas sacaron sus espadas y proclamaron que “el proceso estaba ideologizado” con el único objeto de mantener lo que hoy tenemos, un proceso deslegitimado en donde la diferencia la marcan quijotes tejiéndola con mucha corriente en contra.

Hace cinco años la Corte de Constitucionalidad, en un fallo discutible hasta la médula, validó que la Corte Suprema de Justicia pudiera ser “elegida” sin debate y sin que el Congreso hiciera el mínimo esfuerzo por conocer quiénes estarían a cargo de las decisiones judiciales más complejas y difíciles, el resultado está a la vista y la crisis del sistema manifiesta.

A estas alturas es innegable la necesidad de procurar una reforma constitucional para garantizar una carrera judicial efectiva y además un sistema que procure respetar la especialización de quienes lleguen a asumir las magistraturas. También debemos gestionar que no sean los magistrados los administradores de ese presupuesto millonario del Organismo Judicial porque su función esencial es impartir justicia. Basta ver la cuenta de tuiter del Organismo Judicial para percatarse de que las labores administrativas les impiden a los magistrados dedicarse a su competencia natural y para lo cual fueron electos: conocer recursos de casación, y esto es muy importante, porque de todos los recursos existentes la casación es la más compleja y difícil. Este recurso hace uniforme los criterios judiciales.

En Guatemala tuvimos una reforma procesal penal en 1991, porque hubo una Corte Suprema encabezada por un jurista de la talla de Edmundo Vásquez Martínez, quien por años la planteó e hizo el esfuerzo para hacerla efectiva. Con todos sus problemas, es cien veces mejor a lo que teníamos. El sábado pasado, 14 de septiembre, cumplimos 63 años de promulgación de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Esto significa que toda contienda civil, mercantil o de familia se resuelve con normas de cuando no existía el internet y menos aún tanto adelanto tecnológico, esto en la práctica nos coloca en un verdadero estado de indefensión, sin mencionar que diversos procesos civiles iberoamericanos tiene bellos institutos que acá ni se conocen —probar con un video un tema civil es gravoso—.

Con normas de hace 63 años es una pena sacar a un inquilino moroso de un inmueble, dividir una propiedad común, resolver los líos de condominios, pelear la custodia de los hijos, lograr la separación, divorcio o por el contrario la unión de hecho, demandar a una tarjeta de crédito abusiva que cobra lo que no está pactado o demanda a fiadores inexistentes, declarar herederos, entre tantas otras cuestiones.

Ver en el usuario del sistema judicial “al otro” es una negligencia que produce violencia. ¿Queremos seguir con la catarsis cada cinco años o tomaremos decisiones de cambio de cuajo del sistema? Eso sí, mientras cambie este sistema asegurémonos que lo que tenemos funcione de la mejor forma y apoyemos a estos comisionados que hacen la diferencia.