El servicio exterior comunica las posiciones oficiales de su país hacia el mundo. En nuestro caso, esas posiciones son fijadas por la presidencia de la República, que tiene la responsabilidad constitucional de dirigir la política exterior, para beneficio de nuestra ciudadanía. De ahí la importancia de que la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es jerárquica y lineal, sea profesionalmente disciplinada en la comunicación de cualquier situación, aunque esta pueda parecer intrascendente. Lo que dice un funcionario diplomático, en el uso de sus funciones, es interpretada como la voz del país. En el contexto actual, en que nuestro fenómeno migratorio está en el centro de una ácida y viciosa pugna política en Estados Unidos, es de fundamental importancia que nuestro aparato diplomático y consular tenga en mente que cualquier declaración de cualquiera de sus funcionarios puede ser utilizada, e incluso manipulada, para los propósitos de esa pugna política, y no para el bien nacional.

La semana recién pasada, la secretaria de seguridad interna estadounidense, Kirstjen Nielsen, fue citada por un comité de su Congreso, que la cuestionó sobre las duras políticas que han resultado en la separación de niños migrantes de sus familias en la frontera. Y la secretaria Nielsen, en su explicación de esas duras medidas, lanzó una nueva ofensiva contra los migrantes que provienen principalmente de esta región centroamericana, trayendo a colación un problema que ha existido en nuestro país desde hace mucho tiempo: la existencia de documentos de identidad fraudulentos y su utilización para facilitar propósitos migratorios. Dijo que “casos de familias falsas están surgiendo por todos lados” y que “los niños están siendo utilizados como peones”. La declaración se dijo en tono alarmante, como si se tratara de un fenómeno nuevo, creciente, y que justifica la dureza de una línea antimigratoria que ha causado enorme e innecesario sufrimiento a familias —muchas de ellas, guatemaltecas—.

El gobierno estadounidense tiene una postura altamente debatible. Según dice, el reciente aumento de familias centroamericanas que piden asilo en la frontera se debe a las actividades criminales de mafias que trafican personas, y no tanto a las causas de expulsión y atracción –sociales, políticas y económicas— que motivan estos enormes movimientos humanos. Al respecto de esta noticia, la reconocida Radio Pública Nacional (NPR, en inglés) citó esta semana a uno de los cónsules guatemaltecos con jurisdicción en Estados Unidos, quien aparentemente le habrá dado declaraciones públicas. Lo cita NPR reaccionando así: “Lamentablemente, el consulado ha detectado muchos documentos de identidad falsos en los meses recientes”. Estas declaraciones, fundadas o no, tienen una consecuencia política y sirven a la causa de la secretaria Nielsen; es decir, en contra del interés de personas guatemaltecas. En todo caso, se cuestiona uno por qué —en todo caso— no declara nuestra cancillería que esa es una debilidad de siempre, y no una novedad que fortalece a quienes se oponen a tratar la migración como una crisis humanitaria.

En este embrollo político vale preguntar si las declaraciones del cónsul guatemalteco son la postura oficial del país y, consecuentemente, si el país apoya las medidas de la secretaria Nielsen, a quien sus opositores critican de tergiversar los datos con el fin de justificar las duras medidas contra nuestros compatriotas. En verdad, sería duramente criticable si esta fuera la postura oficial del país, y si no lo es habrá que llamar la atención del comportamiento de un Ministerio de Exterior, que da enormes muestras de falta de profesionalismo y cuidado en los asuntos más importantes que afectan al país.