Hace justamente un año que el desgobierno de Jimmy Morales, arropado por la alianza pro impunidad, consiguió cerrar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y avanzar en una ofensiva restauradora que tiene al país al borde del rompimiento institucional.

Este poderoso grupo compuesto por las élites políticas, económicas y militares (el bloque del statu quo, para ponerle nombre) no tuvo ningún empacho en sumar a sus filas a actores de los cárteles criminales con tal de conseguir sus objetivos.

El primero: detener el avance de las investigaciones y los procesos judiciales por casos de gran corrupción, deshaciéndose de la “molesta” comisión internacional que develó -junto al otrora beligerante Ministerio Público- el accionar de las redes criminales responsables de la captura y cooptación del Estado y, al mismo tiempo, realinear a la Fiscalía General con esos intereses.

Y el objetivo de mediano plazo, por el que siguen trabajando arduamente en este momento, que consiste en recuperar el pedazo de poder que les fue arrebatado dentro del sistema de justicia para reconfigurar, sin disimulo, el modelo del Estado cooptado. Aunque en realidad, y esto es lo más alarmante, a partir de sus alianzas con estructuras del crimen organizado están enrumbando al país por la ruta del Estado mafioso.

Sin embargo, y a pesar del peso que significa la sumatoria de todos estos poderes reunidos en eso que la gente bautizó como el “Pacto de Corruptos” no han logrado concretar el asalto final que supone neutralizar a la Corte de Constitucionalidad (CC) por la vía del desafuero de los magistrados que han sabido defender la democracia y sostener la endeble arquitectura institucional que nos va quedando.

En el medio de esta crisis política y con la balanza inclinada a favor del grupo de la restauración, que volvió con el proceso electoral a sumar a sus filas a la mayoría del gobierno y de los bloques legislativos y consiguió que casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -sin ningún pudor- se sumaran al pacto pro impunidad, se nos vino la pandemia.

Por increíble que parezca, la covid-19 resultó ser la excusa perfecta para meter el pie en el acelerador y concretar la regresión autoritaria por la vía de una agenda legislativa regresiva de libertades y derechos ciudadanos; del trámite favorable a las solicitudes de antejuicio contra fiscales, magistrados y jueces independientes; de la recurrente desobediencia de las resoluciones judiciales emanadas de la CC; de la criminalización a comunidades que defienden sus territorios a través de los estados de excepción y del ataque contra medios y periodistas independientes.

Por eso, en el medio de este panorama, tiene enorme valor la actitud de las y los magistrados constitucionales Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y María Cristina Fernández quienes asumiendo el altísimo costo que han debido pagar por su independencia no cedieron ante las amenazas, los ataques permanentes, las campañas de desprestigio, los chantajes y las denuncias penales infundadas y maliciosas.

El magistrado Mejía sufrió hasta el último de sus días el acoso del grupo de la regresión-restauración que aún hoy, por la vía de las redes, continúa destilando odio y resentimiento. Pero también recibió, y eso es lo más importante, el apoyo y reconocimiento social de quienes vieron en el ejercicio de su magistratura la defensa de la democracia y el estado de Derecho. En esta etapa de definiciones entre avanzar hacia la transformación de un sistema podrido por la corrupción y la impunidad o retroceder y afianzarlo, se colocó del lado correcto de la historia.