Nunca en la historia de nuestra democracia ha existido tanta crítica del desempeño del Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones, como ahora. Es verdaderamente patética la falta de liderazgo y la capacidad de administrar y controlar de una manera profesional, objetiva y efectiva las serias irregularidades que le han restado credibilidad y certeza jurídica a los resultados del sufragio de estas elecciones.

Para todos es evidente que la metástasis, que se ha extendido a todo el cuerpo colegiado del TSE, se inicia con un tratamiento inadecuado de un tumor maligno interno detectado desde que se comenzaron a planificar las elecciones. A lo largo de todo el proceso hubo indicios y síntomas que reflejaban una pobre integración de criterios, disposiciones con interpretaciones dispersas, confusas y hasta espurias de las normativas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, algunas abiertamente violatorias a los derechos constitucionales, la politización de la inscripción de candidatos litigando órdenes de la Corte Suprema de Justicia, y otros muchos indicios que denotaban un deterioro patente de la colegiada capacidad de los magistrados que integran ese alto tribunal para emular las luces de antecesores brillantes.

Las quejas de los partidos políticos han sido constantes. Tuvieron que revocar disposiciones violatorias al derecho a la información y libertad de prensa, el control de los debates y el uso de celulares en los centros de votación. Los retrasos a lo largo de todo el proceso para el control de las asambleas, etc., se caracterizó por ser un vía crucis burocrático para los partidos.

Es evidente concluir que la discrecionalidad de los magistrados ha sido notoria y hasta sospechosa. Al día de hoy lunes, mientras escribo esta columna, la comunicación del TSE es tan errática y dispersa que ninguno de los fiscales de los partidos políticos sabe a ciencia cierta qué es lo que tienen que hacer para manejar de una manera técnica y legal la enorme cantidad de irregularidades detectadas.

El sentimiento general de los analistas, fiscales de mesas y profesionales que han participado en elecciones anteriores es que para darle certeza jurídica a los resultados del conteo de votos es necesario contratar a una empresa internacional para que lleve a cabo una auditoría rigurosa de todo el proceso, tanto de la metodología de recuento, el análisis del software con admitidos errores de programación, la cadena de custodia documental de las cajas, la digitalización de las actas y la enmienda de errores en los resultados finales.

Sin esa auditoría externa, ejecutada por un ente internacional de acreditada reputación, el Tribunal Supremo Electoral no tiene la autoridad legal y ética de poder declarar con total certeza a los ganadores de la elección de alcaldías, diputaciones y binomios presidenciales.

Hago mías las conclusiones del editorial de elPeriódico del día de ayer, en el cual enumera una larga lista de errores del TSE —coincidente con lo señalado arriba por este escribiente— y en el cual concluye: “Tomando en consideración todo lo anterior, la interrogante que debe responderse a estas alturas es: ¿son idóneos los magistrados propietarios del TSE para desempeñar las funciones inherentes a las respectivas magistraturas?

Una abrumadora mayoría estaría de acuerdo en que los actuales magistrados distan mucho de haber podido comprobar en su desempeño los méritos de idoneidad y capacidad. Los resultados están a la vista. La crisis no termina y la pérdida de la credibilidad es irrecuperable.

Qué pena…