Estados Unidos
Criterio urbano
Desarrollo económico necesita mayor inversión
Tenemos que aumentar la capacidad institucional.
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Uno de los grandes dilemas para un país como Guatemala, que tiene un nivel de urbanización, según el Banco Mundial, del 56%, es cómo aumentar la inversión en infraestructura productiva que lo ayude a integrar a una creciente población que poco a poco migrará a la Ciudad de Guatemala y a las diferentes ciudades intermedias.
Ahora es el momento para la infraestructura en el país.
Guatemala llega a la mitad de 2026 con las credenciales macroeconómicas en orden. La declaración final de la misión del artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicada el 8 de junio, lo confirma: “la economía creció 4.3% en 2025, la inflación cerró en 1.7%, la deuda del gobierno central se mantiene en 27% del PIB, las reservas internacionales alcanzaron US$32 mil 700 millones y el superávit en cuenta corriente subió a 4.7% del PIB, ambos en niveles récord por el impulso de las remesas. El choque petrolero derivado del conflicto en Oriente Medio moderará el crecimiento a alrededor de 3¾% este año, pero el diagnóstico de fondo no cambia: somos un referente de estabilidad”.
El problema es que la estabilidad no es el destino, sino el punto de partida. El jefe de misión del FMI, Alex Culiuc, lo planteó con una precisión incómoda: el grado de inversión no es una reforma, sino el reflejo de todas las reformas que vienen antes. Correlación no es causalidad. Los países no mejoran porque se les otorgue la calificación; la obtienen porque ya hicieron la tarea.
Entonces ¿qué nos hace falta? Tenemos que integrar a una mayor proporción de la población a la formalidad. Los ingresos tributarios llevan décadas estancados en torno al 12% del PIB, pese a los avances medibles de la SAT en digitalización, cumplimiento y modernización aduanera. Tenemos que ser conscientes de que todavía hay muchas empresas que, como se dice en buen chapín, “pasan por debajo del radar”, sin tributar lo que deben, grandes mercados informales y una población que, con la excusa de que no perciben beneficios, prefieren no pagar impuestos.
Ahora bien, el mayor cuello de botella a nuestro desarrollo es sin duda la infraestructura. Distintas evaluaciones nacionales e internacionales, así como diferentes instituciones del sector privado e informes de calificadoras piden destrabar la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobar una nueva ley de contrataciones del Estado, aplicar plenamente la Ley de Alianzas Público-Privadas, avanzar con la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional y llevar las leyes de aeropuertos al Congreso, y revisar la calidad de la planificación y el control de los aportes a los Codedes, un sistema que reiteradamente ha demostrado que no funciona y que varios analistas piden ya una reforma integral.
Lo positivo es que todas las instituciones financieras celebran la aprobación del decreto 15-2026, la nueva ley antilavado y ya existe una presión importante para acelerar la Ley del Mercado Secundario de Valores, indispensable para canalizar de forma ordenada los flujos de capital que llegarían con una mejor calificación de riesgo país.
Las calificadoras dicen exactamente lo mismo. Moody’s mantuvo Ba1 el 30 de abril y S&P confirmó BB+ el 8 de mayo, ambas con perspectiva estable; Fitch, que regresará a Guatemala esta semana, nos elevó a BB+ en octubre de 2025. Estamos en el peldaño más alto del grado especulativo, a un escalón del grado de inversión, y ninguna cree que la estabilidad por sí sola, alcance para dar el salto. Tenemos que ser capaces de aumentar la inversión pública por lo menos de 1.6% del PIB 4% en los próximos años; esto requiere mejorar la institucionalidad.
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