Criterio urbano

Desarrollo sostenible para Guatemala

Juan Carlos Zapata @jczapata_s

La semana pasada, Fundesa publicó los resultados del índice de desarrollo sostenible. Una metodología que evalúa cómo los Estados generan inversiones que permiten la movilidad social, permitiendo a su población reducir vulnerabilidades, crear oportunidades y fortalecer instituciones. Desarrollado por el profesor Benavides, el índice considera para cada variable el dominio y la dispersión de la distribución, calculando un valor normalizado con una escala continua entre 0 y 100, donde valores mayores implican mejores evaluaciones.

Esta herramienta compara 128 indicadores temáticos en áreas relacionadas a como cada país genera gobernabilidad, desarrollo humano, el desempeño ambiental, mejores esfuerzos para vivir en paz, el respeto a la propiedad privada, la competitividad, la libertad económica, facilidad para hacer negocios, la fragilidad de los propios Estados, cultura democrática, gobernanza y la percepción de corrupción, es una excelente forma de evaluar en qué áreas debe cada país enfocarse para lograr mayor desarrollo sostenible.

El país mejor evaluado a nivel mundial es Singapur con un índice de 80.66 sobre 100. En el caso de América Latina sobresalen: Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Argentina con evaluaciones entre 60 y 80 puntos que los ubica en una categoría de desarrollo superior. En el caso de Guatemala, los indicadores muestran cómo nos hemos quedado estancados con una evaluación de 53.8 puntos en las variables relacionadas a reducir vulnerabilidades, hemos mejorado a 57.1 en aquellas variables relacionadas a generar oportunidades, pero el mayor desafío está en el eje institucional, el cual ha caído a 40.7 puntos.

El índice de desarrollo sostenible además de mostrarnos cuáles deberían ser los temas en los que países como Guatemala se deben enfocar, resalta cómo el Estado guatemalteco con una evaluación de 50.53 sobre 100 se encuentra únicamente mejor que países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Honduras, precisamente por su fragilidad institucional.

El informe relaciona cómo las políticas públicas eficientes, que fomentan buenas prácticas para reducir las brechas a la movilidad social, son claves en el proceso de generar mayor desarrollo sostenible. Aunado a un mayor debate y presencia ante la opinión pública de las ideas, donde se contraste con evidencia lo que ha funcionado y lo que no y un esfuerzo importante para mejorar el servicio civil y la calidad de los partidos políticos.

Estas recomendaciones contrastan muy bien para este año, en donde vemos un claro retroceso por parte del Tribunal Supremo Electoral, al querer censurar a los medios de comunicación y limitar el acceso a la información, a través de mayores cuellos de botella para imponer restricciones a debates y entrevistas a políticos. Algo muy peligroso, que pude incluso ser inconstitucional.

Existe ya una urgencia de reformar nuestro esquema de servicio civil para fomentar mayor meritocracia, respetando esquemas de gestión por desempeño, condiciones laborales dignas para prestar mejores servicios públicos a la población, mayor formación y revalorizar con ello la función pública. Además de una reforma profunda a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, garantizando procesos anónimos de elección interna en los partidos, que garantice la confiabilidad de las personas que van a ser postuladas a cargos de elección, así como el voto por listas abiertas que permita que el ciudadano vote por el candidato. Insumos clave para fortalecer nuestras instituciones.