Un sistema jurídico debe generar orden y por eso vale preguntarse ¿generamos orden? Frente a un proceso electoral varias candidaturas discuten su participación y por eso resulta importante tratar de hacer un análisis —sin tocar el fondo porque no es la intención— sobre cómo nuestra justicia funciona y si en realidad generamos o producimos desorden —que desde nuestra perspectiva es lo más seguro—. Veamos el caso de cuatro contendientes: Zury Ríos, Thelma Aldana, Sandra Torres y Mauricio Radford.

Zury Ríos participó como candidata hace cuatro años, lo hizo bajo la protección de un amparo provisional, se celebraron las elecciones y la sentencia definitiva se dictó cuando ya habíamos votado. Nadie en su sano juicio entiende: 1) por qué un amparo tomó tanto tiempo y no se resolvió antes de la elección; 2) por qué la Corte de Constitucionalidad tratándose de materia electoral dejó de resolver el fondo y se justificó con un aspecto técnico, cuando es evidente la intención de participación política; 3) por qué la candidata no acudió a establecer su derecho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que acá se le negó justicia. Ningún electorado puede entender por qué en una elección sí corrió la candidata y ahora no, ese es el punto. Nuestro sistema genera desorden y no hay explicación lógica.

El caso de Thelma Aldana es interesante, por años nuestro régimen electoral concibió que ninguna autoridad pública pudiera inhabilitar candidaturas, de ahí que las únicas prohibiciones conocidas surgían de la Constitución o la Ley Electoral y luego del Código Municipal. En este momento salta a la luz que existió un fiscal que corrió para presentar una denuncia —dicho por él mismo— y que un auditor de la Contraloría presentó otra denuncia sin pasar por sus obligados controles internos con el eventual objetivo de evitar la inscripción. El TSE validó lo actuado por dos órganos ajenos al régimen electoral y aplicó criterios de jurisprudencia superados hace seis años, pero además inaplicó normativa legal vigente relativa a la tramitación de amparos, sobre estas dos últimas cuestiones no hay nada de criterio, saltan a luz los errores garrafales.

Sandra Torres fue denunciada por el Ministerio Público por un delito relativo a financiamiento electoral, pero ha trascendido que la fiscal general esperó que la denuncia tuviera efectos hasta que la poderosa candidata de la UNE tuviera derecho de antejuicio. La Corte Suprema de Justicia en un interesantísimo fallo declaró la improcedencia del antejuicio y jurídicamente queda un criterio sentado, aunque como en todo, puede ser rebatido. Lo confuso del tema es que la diputada Nineth Montenegro había sido denunciada meses antes por una situación similar y el mismo órgano —la Corte Suprema— declaró la procedencia del antejuicio y no aplicó los criterios de Torres, esto genera desconfianza en el Organismo Judicial.

Mauricio Radford es candidato presidencial y fue inscrito. El Registro de Ciudadanos obtuvo información sobre un proceso penal después de entregarle credenciales y de oficio revocó su inscripción. No existe normas que permitan, de un plumazo, revocar inscripciones y así el candidato tuvo que impugnar y corre su letanía de nulidad y amparo. De nuevo, nuestro sistema genera desorden y no hay explicación lógica.

Un proceso electoral donde solo los abogados podemos, medio entender qué sucede, no incentiva la participación y es grave para nuestra golpeada democracia. Los electores merecemos respeto porque el sistema no genera confianza y la sombra de corrupción o ineficiencia recae en cualquier órgano, evitar que el elector decida representa un salto para atrás en nuestra historia además el Gobierno se ha dado a la tarea de deslegitimar el proceso.