Con nombre propio

Destruir la República

Alejandro Balsells Conde @Alex_balsells

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) están presentando hoy solicitudes de antejuicio en contra del ministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, y siete diputados al Congreso de la República de Guatemala, por la posible comisión de hechos ilícitos que acontecieron entre los años 2012 y 2015. Investigación. La investigación inició por una información recibida sobre la posible compra de votos en el Legislativo para la aprobación de determinadas leyes. Al indagar sobre algunos de los indicios obtenidos se estableció que dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano, al supeditar las funciones legislativas a directivas del Poder Ejecutivo a cambio de pago o una dádiva”.

Así inicia el comunicado 21 de la Cicig y el MP con relación a lo que salió a luz el lunes pasado. Entre los diputados acusados están Estuardo Galdámez, candidato presidencial del partido oficial, y Haroldo Quej, Juan José Porras, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco.

Conforme lo que se ha investigado, entre tantos temas penales están estos tres fundamentales: Uno, se aprobó la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos. Esta aprobación fue el martes 8 de abril del 2014, la ley interrumpió la interpelación de la ministra de Educación y se aprobó de urgencia nacional; esto quiere decir, sin mayor debate y con dos tercios de votos. Esta ley era un atentado a la propiedad privada.

Por la aplicación de esta ley, gente que defendió derechos de propiedad terminó presa; la libertad poco importa en nuestro país. Mario Taracena denunció sobornos, pero todo quedó ahí. Dos, para conseguir votos en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Contralor de Cuentas. Tres, se estableció una estructura, el dinero salía de la empresa Tigo, cuya dirección recae en uno de los hombres más ricos de América Latina, exministro y personaje de grandísima influencia nacional e internacional.

La elección de aquella Corte Suprema estuvo llena de vicios. Alma Carolina Aguilar Salguero, Pedro Fernando Cruz Rivera, Enrique Búcaro Batres, Helen Beatriz Mack Chang, Cedecon y Acción Ciudadana impugnaron dicho proceso —expedientes 4639, 4645, 4646 y 4647, todos del 2014—, la Corte de Constitucionalidad en un fallo —muy discutible— con el voto de Roberto Molina Barreto. Héctor Hugo Pérez Aguilera y Alejandro Maldonado validaron lo actuado en el Congreso. Votaron en contra: Gloria Patricia Porras Escobar y Juan Carlos Medina Salas.

Todo el sistema conspiraba en contra. Primero, del derecho de propiedad de los guatemaltecos; segundo, se procedía a otorgar privilegios a una empresa en contra de la sana competencia; tercero, se atentaba contra la democracia y la República cuando la cabeza de un organismo del Estado se elegía con base en sobornos, pero también un órgano de control como lo es la Contraloría.

En aquel momento señalábamos esto y algunos sectores conservadores nos tildaron de golpistas y comunistas. Hoy vemos cómo la propiedad privada y la República a esos mismos sectores les vienen del norte, porque lo único que procuran es impunidad. No por gusto el abogado defensor de algunos magistrados fue Mario David García —después candidato del Partido Patriota—.

La moraleja es clara, estos mismos sectores se opusieron a la reforma constitucional porque quieren seguir conservando privilegios y tráfico de influencias para decidir los grandes asuntos nacionales, venden miedo para conseguir granjerías, impunidad, privilegios y así se mata a la democracia y a la república.