Ayer se conmemoró en Guatemala el Día Nacional de la Desaparición Forzada. En el 2004, el Congreso eligió esta fecha porque el 21 de junio de 1980 fueron secuestrados y desaparecidos, por las fuerzas represivas del Estado, 27 líderes sindicales de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Cuarenta y un años han pasado y sigue sin conocerse su paradero.

Como ellos, 45 mil personas —incluidos cinco mil niños y niñas— fueron desaparecidas en nuestro país en la larga noche de las dictaduras militares. En las exhumaciones de los cementerios clandestinos se han encontrado cuerpos de las personas detenidas-desaparecidas. Los médicos forenses han constatado que sufrieron torturas y vejámenes antes de ser asesinadas. En gran medida, la desaparición forzada está asociada con la tortura porque se ejercía como método para obtener información.

Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas fueron una constante durante los años de la guerra. Esa fue la manera de operar de los aparatos oficiales de inteligencia y contrainsurgencia, no solo en Guatemala, sino en varios países de América Latina. Esta no es una coincidencia menor. La Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos y las oligarquías locales para mantener su dominación y privilegios, fue la base ideológica para imponer el terror. Por eso en nuestra región hay miles de familias que continúan con la búsqueda de alguno de sus seres queridos, quieren conocer la verdad y que se haga justicia.

La violencia política y el terrorismo de Estado se ejerció contra aquellas personas consideradas sospechosas de ser enemigas del régimen, sin importar que se tratara de niños, niñas o adolescentes. Ninguna tuvo la oportunidad de defenderse en un juicio justo, ni de hacer valer su derecho de presunción de inocencia. Las sentencias se dictaban de antemano por aquellos que dirigían los escuadrones del horror y de la muerte. Como se explica en los informes de Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi) de la iglesia Católica y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU, estas prácticas tenían también como objetivo dar una lección ejemplificante: “Eso también te puede pasar”.

Esta lógica del terror quedó de manifiesto durante las primeras audiencias judiciales por el caso del Diario Militar. El juez Miguel Ángel Gálvez decidió —en base a la investigación de la fiscalía y a los testimonios y planes de inteligencia militar presentados por el MP— abrir proceso penal contra seis de los 11 militares retirados, acusados de haber cometido desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. Esta resolución es un primer paso firme tras cuatro décadas de impunidad.

El Diario Militar es un documento que se filtró en 1999. En uno de sus apartados aparecen las fichas de 183 personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP) entre los años 1982 y 1985. En otra sección se incluyen los nombres de 19 organizaciones sociales y 11 medios de comunicación a los que se consideraba “fachada” o que estaban al “servicio de la subversión”. Es el diario del terror y la ignominia.

Aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar la justicia y falta mucho también para lograr conocer la verdad y recuperar la memoria colectiva. No se trata de venganza, se quiere combatir la impunidad, esa que desde el poder se ha construido para blindar a quienes cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, y, como decía el obispo Juan José Gerardi, que el horror nunca más se repita.

Cierro esta columna con la emblemática frase de Madres y Familiares de Detenidos-Desparecidos de Uruguay: Son pasado, son presente. ¿Dónde están?