El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), con sede en Suiza, ha lanzado este año el Informe Mundial sobre Movilidad Social 2020. Como parte de las celebraciones de los cincuenta años de la organización, este nuevo índice cae como un balde de agua fría para la efectividad de las políticas públicas en Guatemala y representa una oportunidad para que busquemos mejores formas de consensuar nuestro contrato social como país, si queremos generar mayores condiciones para la prosperidad y el desarrollo sostenible.

Las recientes manifestaciones en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y otros países muestran una preocupación latente en el continente americano, y es que los jóvenes no encuentran condiciones para mejorar su nivel de vida, y esto se agrava si de generación en generación el Estado no es capaz de generar un sistema que aumenta las probabilidades para que un individuo pueda prosperar. Según el informe que ha sido muy comentado en los medios internacionales desde las reuniones en Davos la semana pasada, “hoy por hoy se necesitan dos generaciones para que una familia pobre en Dinamarca alcance el ingreso medio del país. En Francia son seis y en un país como Brasil son nueve” ha dicho Thierry Geiger, director de investigación cuantitativa y analítica del WEF.

El Informe que en su primera edición evalúa a 82 países del mundo, profundiza sobre los factores que fomentan la movilidad social en un país y los divide en diez áreas relacionadas a: salud, acceso a la educación, calidad de la educación y equidad, aprendizaje a lo largo de la vida, acceso a tecnología, oportunidades de trabajo, distribución equitativa de los salarios, condiciones laborales, sistemas de protección social e instituciones inclusivas.

Los diez países que tienen las mejores políticas para permitir la movilidad social son: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, Países Bajos, Suiza, Austria, Bélgica y Luxemburgo. En el caso de América Latina los países que sobresalen por contar con mejores esquemas para permitir la movilidad social son: Uruguay en la posición (35 de 82 países), Costa Rica (44), Chile (47), Argentina (51), Ecuador (56), México (58), Brasil (60), Panamá (63), Colombia (65) y Perú (66).

En el caso de Guatemala estamos en la posición 75 de los 82 países evaluados con una evaluación de 43.5 sobre 100. Tenemos desafíos importantes especialmente en temas relacionados al acceso a la educación en los cuales es urgente aumentar la matriculación en preprimaria, reducir el porcentaje de jóvenes entre 15 a 24 años que ni estudian, capacitan, ni trabajan, que actualmente es de 27% y en cómo aumentar la distribución de los ingresos y la protección social.

Nuestro país tiene serias deficiencias laborales que inciden en la productividad y en los ingresos de los guatemaltecos. Hemos visto cómo las políticas laborales, han tenido un efecto negativo en aquellas regiones con menor productividad, donde simplemente no se cumple con la ley. Un sistema de protección social con baja cobertura en un país que solo gasta el 4.4% del PIB en sistemas de protección social, está más que condenado a fracasar.

Por último, Guatemala requiere políticas públicas que ayuden a reducir la ineficiencia de los Ministerios que se calcula en un 30% de lo que hoy se ejecuta y que el Estado garantice un cumplimiento de la ley, abordando con seriedad problemas como el contrabando o la defraudación aduanera, que tanto daño están haciendo a los ingresos tributarios, que permitirían aumentar la inversión social.