Liberal sin neo
El arte de complicar
El Estado como garante o como constructor
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La legitimidad y función del gobierno puede entenderse desde al menos dos tradiciones distintas. Una, vinculada al liberalismo clásico, sostiene que su papel esencial es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que la propiedad privada en un marco de seguridad jurídica e institucional permite que las personas, a través de su iniciativa, generen bienestar y prosperidad. El Estado es un guardián que asegura el cumplimiento de reglas y un orden que limita el abuso de poder. La otra visión, más intervencionista, considera que el gobierno debe asumir un papel activo en la promoción del bienestar: quitar a unos para dar a otros y planificar el desarrollo económico y social. El contraste radica en si el bienestar se concibe como una consecuencia de la libertad bajo un Estado limitado o como una tarea que el gobierno debe gestionar, con el riesgo de opacar la iniciativa individual y concentrar un poder que inevitablemente será abusado.
Las buenas políticas no requieren ciudadanos perfectos ni héroes cívicos.
Las políticas públicas suelen nacer con fines declarados de promover bienestar o desarrollo, pero su diseño y aplicación responde más a los incentivos de quienes ocupan posiciones de poder que a las necesidades de la población, generando costos y efectos que no resuelven los problemas que pretendían resolver.
Las normas antilavado ilustran el problema. Para combatir el crimen organizado y lavado de dinero, se construye un entramado regulatorio que encarece y obstaculiza operaciones de personas y empresas formales. Realizar actividades formales exige trámites y comprobaciones que consumen tiempo y recursos, mientras las operaciones criminales encuentran rutas paralelas. Algo similar ocurre en el ámbito laboral y comercial; disposiciones que dicen proteger al trabajador o al consumidor elevan el costo de contratar y obstaculizan el comercio.
En un plano más estructural, el sistema de educación pública se presta para examinar cómo ideales políticos pueden generar consecuencias no intencionadas. El ideal de educación gratuita conduce a un estado educador que crea aparatos burocráticos y grupos de interés que capturan el sistema y lo usan para promover sus propios intereses, desviándolo de su propósito y mermando su efectividad.
Estas distorsiones no son accidentales. Responden a la lógica del poder político y burocrático, donde la prioridad suele ser ampliar presupuestos, crear plazas, alimentar clientelas y capturar recursos. La teoría de la opción pública lo explica con claridad; los actores de gobierno actúan en función de sus propios intereses, como lo hace cualquier persona. La diferencia es que sus decisiones se aplican desde una posición de autoridad, con recursos extraídos con coerción y afectan la vida de muchas personas.
El fenómeno se reproduce en la maraña de regulaciones y reglamentos que se acumulan año tras año. Cada nueva norma se presenta como solución a un problema puntual, sin medir el costo de cumplimiento que imponen sobre las empresas y personas. Las consecuencias no intencionadas se convierten en un patrón acumulativo.
Las buenas políticas no requieren ciudadanos perfectos ni héroes cívicos. Se limitan a crear condiciones para que, al buscar sus propios fines, las personas produzcan resultados socialmente deseables. En cambio, las malas políticas descansan en una imagen idealizada de la conducta humana.
Lo que emerge es un creciente distanciamiento entre las élites políticas y las necesidades reales de la población. Esa desconexión erosiona la confianza y refuerza la idea de que el Estado existe para servirse a sí mismo y a sus allegados, no para servir a la gente.
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