Punto de encuentro

El asalto a la justicia

Marielos Monzón @MarielosMonzon

La semana pasada se concretaron dos duros golpes a la independencia judicial en Guatemala. No es que gocemos en este país de fiscales y jueces independientes y honorables en todas las fiscalías, magistraturas o judicaturas. Eso es más que evidente, pero sí hemos tenido —y tenemos— operadores de justicia cuyas actuaciones no están supeditadas al mejor postor ni a compromisos o lealtades con quienes les nombraron.

Son una minoría, eso también es cierto. Porque el sistema está construido para garantizar la impunidad de los sectores económica y políticamente poderosos o, parafraseando a Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de los EE. UU., para beneficiar a las “élites depredadoras” (NPR, 27/3/21).

Este sistema de justicia cooptado necesita sacar del tablero de juego a las piezas que le resulten incómodas y se interpongan con sus objetivos e intereses. Por eso no es casualidad que existan redes de abogados litigantes, dirigentes gremiales, decanos de las facultades de Derecho, fiscales, secretarios, jueces y magistrados que se articulan para garantizar impunidad a través de sus resoluciones, del desvío malicioso de investigaciones y, por supuesto, de influir indebidamente en la elección de las Cortes.

Lo que está ocurriendo nuevamente en el MP, a partir de la llegada de Consuelo Porras Argueta, es un buen ejemplo de lo anterior. Eso de hacer investigaciones independientes que pongan en apuros a quienes desde sus espacios de poder cometen delitos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos resulta inaceptable para el sistema capturado. Solo así se entiende que un fiscal que está a punto de presentar un antejuicio en contra del expresidente Jimmy Morales Cabrera —hoy refugiado en la inmunidad que le brinda el Parlacén— sea “trasladado” ese mismo día a otra fiscalía por “reorganización”.

Stuardo Campo, quien por cuatro años ocupó la jefatura de la Fiscalía contra la Corrupción, dijo a los medios, tras su repentino relevo, que además de este caso habría encaminadas entre 10 y 15 investigaciones más contra funcionarios del gobierno de Giammattei (La Hora, 17/4/21). Muy difícil resulta pensar que este traslado no es un pago de favores a Jimmy Morales por su nombramiento y un indicio más de que Porras Argueta está alineada a este pacto pro-impunidad.

Esta “jugada” se suma al acoso que desde el despacho superior del MP ha sufrido el fiscal Juan Francisco Sandoval y el equipo de la Feci. Porque, como también sucede con las y los jueces independientes, además de las campañas de desprestigio y desinformación —que circulan en las redes y en los medios aliados al poder— y de las decenas de denuncias penales espurias que se interponen en su contra, deben enfrentar procesos “disciplinarios” avalados o impulsados por sus autoridades.

Ni hablar de la maniobra del presidente del Congreso y de la impresentable junta directiva del legislativo —así, con minúsculas—, que se negó a juramentar a Gloria Porras Escobar como magistrada de la CC, valiéndose de un amparo de última hora que claramente es parte de la estrategia para dejarla fuera del tribunal constitucional. Una CC alineada a los intereses de las redes de corrupción e impunidad forma parte del plan que se trazaron en el Mariscal Zavala, en las reuniones de empresarios en Miami, en la casa presidencial —la anterior y la de ahora— y, me temo que también, en el famoso almuerzo de la gallina con loroco.

Estos dos hechos —el repentino traslado del fiscal Campo y dejar fuera de la CC a Gloria Porras— no hacen sino profundizar la grave crisis política e institucional que se vive en el país y debilitar —aún más— la democracia y el estado de Derecho. ¿Seguiremos impasibles?