La libertad de expresión y el acceso a la información pública son dos derechos que permiten medir la calidad de la democracia. Lamentablemente en Guatemala, cada vez son más las señales de alarma que indican que estamos en un acelerado retroceso autoritario que tiene como objetivo el recorte y la restricción de las libertades ciudadanas.

Es preocupante que la violencia, la criminalización y el hostigamiento vayan en aumento y que se multipliquen cada semana las denuncias de amenazas, ataques y acoso contra medios y periodistas independientes que trasladan información y realizan investigaciones sobre casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Los ataques incluyen intimidaciones, amenazas, vigilancia, seguimientos, robo de equipos y campañas de desinformación y difamación para minar su credibilidad y la de las informaciones que difunden. Resulta extremadamente alarmante que muchos de estos ataques provengan de autoridades del Estado o de personas vinculadas a los sectores económico y político, porque llevan implícito un aval para el hostigamiento contra la prensa.

Un patrón recurrente es el uso del Derecho Penal para criminalizar la labor periodística. Son decenas de demandas judiciales las que se presentan con el fin de silenciar las publicaciones de medios críticos del poder. Los objetivos detrás de estas acusaciones penales son acallar las voces que fiscalizan y dar una lección ejemplificante para que se piense dos veces antes de publicar. Se acusa a periodistas de delitos que no tienen medidas sustitutivas y aunque, en la mayoría de ocasiones, terminan por desestimarse, las y los colegas pasan semanas o meses guardando prisión preventiva y/o teniendo que gastar tiempo y recursos en defenderse. Los casos de Anastasia Mejía Tiriquiz, acusada por el alcalde de Joyabaj, Quiché y de los periodistas de Prensa Comunitaria, Jerson Morales y Carlos Choc, ilustran cómo operan los mecanismos de criminalización.

Además, los ataques en las redes sociales desde perfiles y cuentas anónimas siguen acrecentándose. En los últimos meses, las periodistas Jody García, Michelle Mendoza y Francelia Solano han denunciado que el hostigamiento incluye mensajes misóginos y amenazas de violencia sexual.

También se está haciendo uso indebido de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta normativa, que es una conquista histórica para proteger a las niñas y a las mujeres, se quiere utilizar como una herramienta para impedir el acceso a la información de interés público. Cuando un juez dicta medidas de restricción, el objetivo debe ser preservar la vida y la seguridad de las mujeres agredidas, no frenar la labor periodística ni la fiscalización. Esta maniobra fue utilizada en su momento por la exvicepresidenta Roxana Baldetti y también por Sandra Torres -en la última campaña electoral- contra periodistas de diario el Periódico.

El ejemplo más reciente son las medidas de restricción dictadas por un juzgado de femicidio que prohíbe que los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa se acerquen a las oficinas de Joseline Mérida Solano, directora de Comunicación Social del Congreso. La orden se dictó tras una denuncia por violencia sicológica que la funcionaria interpuso contra los periodistas luego de la publicación de un reportaje en el que se evidencia cómo desde esa oficina se ordenó una campaña de desprestigio contra el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez.

Las y los periodistas independientes están pagando un precio tan alto por ejercer su labor en Guatemala. Su vida, integridad física, su salud mental y la seguridad de sus familias están en constante peligro. Los ataques contra medios y periodistas deben cesar.