Desde hace varios gobiernos se ha intentado implantar en la Casa Presidencial una instancia denominada “Centro de Gobierno”. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Gobierno (CDG) “es la institución o grupo de instituciones que prestan apoyo directo al jefe del Ejecutivo (presidente, primer ministro, gobernador o alcalde) en la gestión de las máximas prioridades del gobierno”. En ese marco, señala el BID, el CDG se debe ocupar de las funciones de: gestión estratégica; coordinación del diseño e implementación de políticas; monitoreo y mejora del desempeño; gestión política de las políticas públicas y comunicación de los resultados y rendición de cuentas”.

El CDG es un mecanismo que se ha empleado hace varias décadas en varios países del mundo. La más antigua que reporta el BID es la oficina del Primer Ministro de Australia, que tiene ya más de cien años de existir. En Estados Unidos de Norteamérica surgió en 1939, y se denomina Executive office of the President; en Inglaterra, la oficina del Primer Ministro tiene un “Delivery Office”, y así, distintos países con diferentes formas de gobierno han hecho reformas a sus sistemas de administración pública para incorporar de manera permanente estas dependencias. En América Latina, las más antiguas son la de México y Argentina.

El interés sobre los CDG ha crecido en la región, donde siempre corren fuertes vientos de descrédito sobre la calidad de la gestión pública; algunas muy valederas y otras, producto de posturas ideológicas contrarias a que el Estado tenga un papel significativo en la conducción de la sociedad. Por otra parte, el debilitamiento del presidencialismo en la región se relaciona también con un período de creciente democratización de las sociedades (que vemos ahora fenecer en la región de la mano de autócratas electos en las urnas), con el impulso a políticas de descentralización y con el desmantelamiento de los Estados de Bienestar a finales del siglo XX, que transfirió cuotas de poder, recursos públicos y competencias ejecutivas que eran del Estado a otros actores e instancias.

Al multiplicar los focos de decisión y autoridad formal se le restó a la figura presidencial su carácter de fuerza única de cohesión y de conducción del actuar de gobierno. Con el desmantelamiento de las instituciones del Ejecutivo se debilitaron también los mecanismos de control y seguimiento del actuar público. Más recientemente, con la consolidación de la captura del Estado, para que funcione solo a favor de la oligo-narco-cleptocracia, el debilitamiento Estatal y de la figura presidencial ha llegado a extremos.

En ese contexto se da el proceso de reconcentrar poder, recursos, información y conocimiento en el presidente y su círculo más inmediato. El CdG sería el recurso para ello. Así se espera ayudar a reposicionar su papel en el juego político frente a otros actores que manejan poder formal y poder real en la sociedad y que son determinantes para hacer avanzar u obstaculizar su agenda. Una manera de configurar ese CdG es implantando una figura funcional nueva en la presidencia, dejando que las instituciones de línea que tienen estas competencias sigan deslizándose por la curva del deterioro. La otra, por la que yo abogo, es que se haga rehabilitando y reconfigurando la institucionalidad existente, y que ya tiene las competencias legales para ejercer dichas funciones. No hay duda de que al país le urge un gobierno efectivo y que, para eso, necesita cerebro y estrategia, pero también necesita legitimidad social e institucional, y darle sostenibilidad en el tiempo. ¿Para qué duplicar funciones, si lo que necesitamos son instituciones sólidas?