Para los guatemaltecos no habrá una nueva normalidad con el transporte de pasajeros, tanto urbano como extraurbano. A la fecha no existe ningún plan para dotar a la población de un servicio digno en términos de calidad de autobuses, seguridad contra las extorsiones y asaltos y con un precio accesible. Ello implica volver a la terrible realidad de las unidades en pésimo estado, extorsiones, asaltos, conductores cafres que se disputan el pasaje a alta velocidad y un aumento al precio del pasaje “temporal”, pero que, por experiencia, sabemos que quedará ad aeternum. El chantaje de los autobuseros busca forzar al gobierno a darles el subsidio, sin que eso vaya a implicar cambios en la prestación del servicio, como ha ocurrido en las últimas décadas. Desde que se prohibió el transporte colectivo de pasajeros durante la pandemia, las autoridades tuvieron tiempo para diseñar un sistema de transporte moderno, pero no les ha interesado.

La última vez que se echó a andar un proyecto para mejorar el servicio de transporte urbano terminó en un descomunal desfalco de Q270 millones, procedentes del erario. En el 2008, el Transurbano prometía poner en circulación tres mil 150 buses que iban a sustituir a los dos mil 927 buses rojos, durante el gobierno de Álvaro Colom. Para evitar las extorsiones y atracos se iba a implementar el sistema prepago, cámaras de seguridad, paradas definidas y agentes de seguridad. Resultó un chasco. Desde el principio todo iba mal porque la misma mafia de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) mantuvo el control del transporte urbano. Las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig determinaron que el plan nunca tuvo como objetivo brindar un buen servicio. La única intención era el saqueo por parte de funcionarios públicos, en complicidad con los autobuseros. Hoy, las pocas unidades del Transurbano están en ruinas, al igual que las paradas.

Hablar de transporte público en la ciudad de Guatemala es hablar de los buses rojos y microbuses, en los cuales las personas viajan en pésimas condiciones, hacinadas y sujetas a asaltos a toda hora. El chantaje de los empresarios del transporte es que si no hay subsidio el precio del pasaje será de Q10, lo cual demuestra su voracidad y falta de solidaridad con los usuarios que afrontan serios problemas económicos, producto de las limitaciones impuestas por la pandemia. Más aún, quieren mantener en circulación las unidades que tienen más de 25 años o que requieren reparaciones de diverso tipo. Lo único que les importa es el subsidio, aunque los buses estén en malas condiciones o no circulen. Los empresarios obtienen el mismo aporte gubernamental, independientemente de que las unidades circulen, estén descompuestas o en los predios. La Contraloría General de Cuentas brilla por su ausencia para verificar si los fondos estatales están bien invertidos.

Para lograr un transporte colectivo moderno, eficiente, digno y seguro se debería evitar la existencia del oligopolio que controla este servicio. Aun cuando se tuviera que recurrir al aporte estatal, este tendría que establecerse sobre reglas estrictas, porque el objetivo es dignificar la calidad humana de quienes son transportados. Sin embargo, a las mafias de transportistas y funcionarios no les conviene abrir el mercado porque pierden el negocio del subsidio. En el pasado ya ha habido casos de empresas que han querido entrar a competir y han afrontado actos criminales para lograr que todo siga igual. Si el presidente Alejandro Giammattei y la municipalidad capitalina quisieran sacudirse a este oligopolio, este es el momento propicio. Eso redundaría en lograr un mejor servicio de transporte colectivo, una aspiración de todos los guatemaltecos de a pie.