Durante los años de las dictaduras, en América Latina se desató una brutal represión en contra de la población civil que incluyó masacres, torturas, violaciones sexuales, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas e, incluso, en el caso de Guatemala, genocidio.

No estoy hablando del enfrentamiento armado entre dos bandos, sino de una estrategia diseñada y ejecutada desde los Estados latinoamericanos en contra de sus pueblos. Ha quedado documentado cómo se asesinó a miles de personas —incluyendo bebés, niños, niñas y ancianos— y cómo se torturó hasta la muerte a quienes se consideraban sospechosos o enemigos del régimen. Las mujeres sufrieron esclavitud y violencia sexual, como quedó probado en el juicio de las abuelas de Sepur Zarco. Y todo eso que ocurrió tiene un nombre: terrorismo de Estado.

La historia de la represión en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, El Salvador y Guatemala tiene un común denominador. Los mecanismos del horror se repitieron a lo largo y ancho de nuestro continente porque quienes los ejecutaron cumplieron al pie de la letra la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, que además los formó, entrenó y financió. De eso hay suficiente información en los archivos desclasificados por los norteamericanos, que han servido como pruebas documentales en los juicios contra los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestros países.

Pero lo que también tenemos en común los latinoamericanos es la dignidad de las y los sobrevivientes, sus familias, comunidades y organizaciones, que no claudican en su búsqueda por alcanzar verdad y justicia y por recuperar y reconstruir la memoria colectiva, vital para que el horror nunca más se repita. Por eso vemos cómo, a pesar de que han pasado décadas, se continúa buscando a las y los desaparecidos, impulsando investigaciones y juicios contra los responsables de aquellas atrocidades y enfrentándose con valentía a los grupos de poder fáctico que siguen procurando impunidad utilizando otra vez, como en el pasado, estrategias similares.

Estas son las más recurrentes: 1. Impulsar leyes de amnistía para que queden en libertad los represores y se detengan los juicios e investigaciones que estén en marcha. 2. Colocar en las cortes a jueces y magistrados sin independencia para entorpecer la justicia. 3. Sabotear los esfuerzos de recuperación del acervo documental que fortalece el trabajo de las fiscalías. 4. Construir una narrativa de descalificación contra víctimas sobrevivientes, familiares o comunidades, acusándolos de ser “vividores del conflicto” y de procurar venganza y justicia selectiva.

Todas y cada una de estas estrategias se están dando en Guatemala: 1. En el Congreso avanzan las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que pretenden la amnistía exprés y generalizada. 2. Se dan resoluciones como la de la jueza Claudette Domínguez, quien ordenó la libertad de los expatrulleros acusados de violencia sexual contra mujeres del pueblo achí. 3. El Archivo Histórico de la Policía Nacional Civil está bajo ataque; este gobierno quiere desmantelarlo. 4. Los operadores del poder utilizan sus espacios mediáticos y las redes para descalificar y criminalizar la búsqueda de justicia.

En síntesis, nos está cayendo encima un chaparrón de impunidad. No ha sido el primero y tampoco será el último. Lo cierto es que hoy la memoria, la verdad y la justicia están bajo ataque. Pero como siempre, las y los sobrevivientes, sus familias y organizaciones siguen ahí, sin rendirse, dándonos una lección de dignidad.

Por eso, mi apoyo y solidaridad a la organización Hijos, que este 30 de junio convoca a la Marcha y al Festival de la Memoria, para recordar que es con verdad y con justicia que se alcanza la verdadera reconciliación.