A contraluz

El Congreso de la impunidad

Haroldo Shetemul @hshetemul

Al oficialista FCN y a sus aliados en el Congreso ya no les importa convertirse en la máxima expresión del oprobio con el intento de reformar la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar total impunidad a los violadores de derechos humanos durante el conflicto armado interno, entre ellos los responsables de crímenes de lesa humanidad. A tal grado ha llegado la desfachatez de los diputados, encabezados por el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, que no les importó perder un préstamo por US$100 millones para atender a niños con desnutrición crónica, con tal de priorizar los cambios a la referida ley. No solo buscan evitar que continúen las investigaciones sobre estos casos, sino dar una amnistía a quienes han sido hallados culpables, como en el caso de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida en 1981, por el cual fueron condenados cinco militares retirados. Si se concretaran las enmiendas, los convictos saldrían libres en un lapso de 24 horas.

Otro de los beneficiados sería el coronel Édgar Ovalle, fundador del FCN y exdiputado, quien está prófugo luego de haber sido acusado de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad por su presunta participación en 88 masacres de indígenas, entre 1981 y 1986. Diputados como Fernando Linares Beltranena han tratado de confundir en torno a lo que plantea la Ley de Reconciliación Nacional para impulsar las reformas. Esta ley, aprobada en diciembre de 1996, extinguió de responsabilidad penal la comisión de delitos políticos y comunes conexos durante el enfrentamiento armado por miembros de instituciones del Estado y otras fuerzas, como la guerrilla. Sin embargo, esa ley dejó bien claro en el artículo 8 que esa amnistía no es aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada y otros que no admitan extinción de responsabilidad penal conforme el derecho interno y tratados internacionales.

Ahora, el pacto de corruptos liderado por Arzú Escobar intenta reformar la referida ley para que se amplíe la amnistía a los crímenes de lesa humanidad, como genocidio, desaparición forzada, esclavitud sexual y tortura. A esos delitos el Congreso ahora quiere darles naturaleza política y que las autoridades judiciales declaren su sobreseimiento definitivo sin más trámite. Las enmiendas incluyen un nuevo artículo para favorecer a las personas que están en proceso penal, en prisión preventiva o hayan sido juzgadas y condenadas, para que se les decrete amnistía, el sobreseimiento del caso y se ordene su libertad en un plazo de 24 horas. Quieren echar al bote de la basura los avances en materia de justicia que se han conseguido en 30 años.

La alianza de diputados que promueven la reforma, aprobada en primera lectura en enero pasado, busca que el país retorne a la época de la oscuridad cuando los familiares de las víctimas del conflicto armado no encontraban justicia. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha expresado la preocupación por estas acciones que violentan el ordenamiento jurídico. El vocero de ese departamento, Robert Palladino, dijo que las enmiendas otorgarían una extensa amnistía a los responsables de serias violaciones y abusos de derechos humanos, así como para criminales convictos. Los diputados, en lugar de representar los intereses de la población, solo representan los intereses de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado. Esta acción retrógrada debe ser detenida de inmediato para que no cause más daño a la memoria de las víctimas del conflicto. También debe servir de alerta para que en las próximas elecciones nadie vote por esos partidos políticos que tratan de que impere la impunidad en el país.