El Congreso de la República ha dejado de ser el órgano de representación directa de la población. Sus integrantes son electos, pero la mayoría de ellos simplemente se ha aprovechado del voto popular para ocupar un espacio de altísimo poder e influencia, ya no solo para hacer negocios corruptos, sino principalmente para socavar la democracia representativa. Han convertido la función legislativa en un mecanismo para institucionalizar la narcocleptocracia dentro del andamiaje jurídico del país.

Definitivamente, esta no es la primera legislatura a la que le queda bien el calificativo de “cueva de criminales”; pero, sin duda, esta ha sido la peor, la más corrupta, la que ha perdido totalmente la vergüenza y el recato y a la que no le importa violar abiertamente la ley y violentar los derechos de la ciudadanía para imponer sus acciones criminales como práctica naturalizada de Estado. La toma del Congreso por parte de esta alianza criminal que conjuga representantes de intereses de la élite, de narcos, de negociantes sin escrúpulos y de otros formatos de gánsteres, es el epítome de la putrefacción del sistema político.

Están empeñados, además, en terminar de hundir el país durante las últimas semanas que les quedan: intentan todavía trastocar la ley para garantizarse la elección de otra legión no menos despreciable de jueces y magistrados que estén a su servicio, dispuestos a proteger su impunidad y la corrupción a cambio de un puesto y sus prebendas. Actúan por fuera de la ley para humillar a los pocos funcionarios decentes que nos quedan, y para darle a las mentiras y patrañas contra la Cicig un estatus de pseudoverdad y legalidad que nunca podrán tener.

Esta legislatura tiene también en sus manos aprobar el presupuesto para el 2020, aun a sabiendas de que estará desfinanciado y que se han reducido intencionalmente los recursos para funciones fundamentales dirigidas a la población más excluida y vulnerable. Hecho que parte, sin duda, desde la propuesta de presupuesto que presentara el Ministerio de Finanzas Públicas, que prefirió privilegiar los negocios y no financiar las funciones más esenciales para garantizar bienes y servicios básicos para la población.

Por si fuera poco, el Ejecutivo, en abierto desafío a la función fiscalizadora del Congreso, pretende pasar normas presupuestarias que eviten que cada contrato de alianza público-privada (APP) que se están recetando tenga que pasar por un escrutinio más fino durante la legislatura entrante. Sinceramente, es imposible pensar que el Minfin incluyera esa medida por el bien común; más bien pareciera que distintas facciones del PactoDeCorruptos se están metiendo zancadilla entre sí para evitar que todos puedan ser partícipes de los enormes negocios que se pueden anticipar con el portafolio de proyectos de APP. Obviamente, prefieren que esta camarilla de corruptos conocidos le quite a los nuevos el poder de negociación y veto.

El legado que nos quieren dejar es absolutamente nefasto y tendrá claras repercusiones negativas para el inicio del nuevo gobierno, para la gobernabilidad y para la posibilidad de que haya una inflexión real favorable para la mayoría de la población respecto del curso actual de las cosas. Con las contadas y honrosas excepciones de diputados honestos y que han dado la cara por la institucionalidad y en contra de la corrupción, esta legislatura perdió hace ratos su legitimidad para aprobar cualquier iniciativa que tenga enfrente, mucho menos para elegir jueces y magistrados o aprobar el presupuesto. Todas sus decisiones deben ser cuestionadas e impugnadas. ¡Caro nos ha salido haberlos dejado salir aquella noche!